Discurso Audiencia de Derecho a la Seguridad Ciudadana en la Republica Dominicana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 12 de marzo de 2013
Muchas gracias Señor/a Presidente y Comisionados por darnos la oportunidad de presentarles este tema y compartirlo con el Estado Dominicano.
Valoramos de manera especial la asistencia del Estado dominicano y su disposición al diálogo con la sociedad civil ante este foro.
Los exponentes representamos 32 organizaciones de la sociedad civil dominicana, entre los presentes, Cristhian Jiménez de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia (FUNCEJI), Genaro Rincón de la Derechos Vigentes, Cándido Simón y Remigio Nivar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Desiree del Rosario del Comité de America Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Chiara Liguori y Renzo Pomi de Amnistía Internacional.
Con esta audiencia nos proponemos alcanzar dos objetivos:
- Poner a la Comisión en conocimiento de la situación de inseguridad ciudadana en la Republica Dominicana, especialmente agravada por las actuaciones de la Policía Nacional.
- En segundo lugar, pretendemos utilizar esta audiencia como mecanismo para abrir un dialogo con el Estado, que permita a la sociedad civil participar en el establecimiento de políticas públicas de seguridad ciudadana, en el marco del respeto a los derechos humanos.
La seguridad ciudadana repercute en el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal, según lo ha establecido esta misma Comisión en su informe del 2009 sobre Seguridad Ciudadana en las Américas.
El Estado Dominicano tiene la obligación de respetar y garantizar la vigencia efectiva de estos derechos, suprimiendo las malas prácticas de sus órganos.
Desafortunadamente, son muchos los factores que impiden que el derecho a la seguridad sea garantizado en la Republica Dominicana.
En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente en el país, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de las armas de fuego y la creciente desigualdad social.
En la población se expresa un sentimiento generalizado de inseguridad y miedo a la criminalidad y la desconfianza en la Policía Nacional.
En una encuesta realizada por Barómetro Latinoamericano en el año 2010, consta que “más del 70 por ciento de las personas encuestadas declararon sentirse menos seguras que hace cinco años”.
Esta situación de percepción de inseguridad, combinada con elevados niveles de desconfianza en la Policía Nacional, ha motivado un número creciente de personas a emplear agentes de seguridad privada con fines de autoprotección y a dotarse de armas de fuego.
Las estadísticas muestran que cada día muere un promedio de cuatro personas en nuestro país, a consecuencia del uso de armas de fuego.
La proliferación de armas se ha dado sin que el Estado pudiera establecer mecanismos para hacer frente a este problema.
Otro grave problema sobre la seguridad lo constituyen sin lugar a dudas los feminicidios, que están estimados en por lo menos 200 mujeres asesinadas por año. Estos son un síntoma grave de altos niveles de violencia contra la mujer. Del 2010 al 2012 se registraron 111 mil agresores contra la mujer.
Los distintos planes de seguridad han ignorado esta situación de inseguridad atribuyendo a delitos pasionales y no a un grave problema de seguridad que compromete la responsabilidad del estado de actuar con debida diligencia para eliminar la violencia contra las mujeres.
Aunque hace 15 años se adoptó una ley para sancionar la violencia contra la mujer, sin embargo en el tratamiento que se sigue utilizando la violencia se asume como problema privado y no como una indelegable responsabilidad estatal.
La principal respuesta del Estado al problema de los crecientes niveles de criminalidad y violencia ha sido la adopción en 2008 del Programa Barrio Seguro. Aunque por años fue presentado como la respuesta a todos los problemas de seguridad, sin embargo el mismo presidente Danilo medina lo reconoció en su discurso de 10 días como una de las experiencias que no ha dado los resultados esperados.
En realidad, la verdadera respuesta que el Estado Dominicano ha dado al problema de la criminalidad y de la violencia es la aplicación de una “política de mano dura”, resultante en excesos por parte de los agentes del orden público, irrespetando los derechos humanos y ocasionando que de enero de 2005 a septiembre de 2012 murieran 2561 personas por mano de la Policía, según datos de la Procuraduría General de la Republica.
La misma institución que debería proteger los ciudadanos se ha convertido en una de las principales causa de muertes violentas. Las muertes por parte de agentes del orden representan el 12% de todas las muertes violentas registradas cada año. Según datos de la Procuraduría General, en los últimos 5 años estas acciones constituyen la tercera causa de muertes, estando solo por debajo de riñas y el robo violento.
La Policía generalmente se refiere a estas muertes como a muertes por “intercambios de disparos”. En realidad, investigaciones de nuestra organizaciones, de los medios de comunicación y hasta de la Procuraduría general han demostrado que en muchos casos estas muertes han sido motivadas por un uso excesivos de la fuerza y, en algunos casos han representados ejecuciones extra-judiciales. Se conocen casos de personas asesinadas a quema-ropa, mientras que estaban desarmadas, a veces implorando piedad y en presencia de miembros de sus familias.
La Policía continúa estando involucrada en incidentes donde civiles resultaron seriamente heridos o mutilados. También la represión violenta de manifestaciones es práctica habitual que ha resultado en muchos casos de muertes de manifestantes desarmados o transeúntes. Justo anoche un grupo de dominicanos de ascendencia haitiana organizados en el movimiento reconocido que acampaba en vigilia reclamando sus documentos de identidad nacional frente a la junta central electoral fueron víctimas de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Asimismo, el abuso físico de detenidos, más comúnmente las golpizas, y el uso de modalidades diferentes de torturas para obtener confesiones de sospechosos, continúa siendo una práctica difundida. Tenemos casos documentados de personas que se han quedado discapacitadas como consecuencias de estas prácticas.
También se han registrado desapariciones forzadas como la de Juan Almonte, desaparecido el 28 de septiembre de 2009, después de haber sido supuestamente arrestado por la Policía.
Por lo que a la investigación de estos abusos se refiere, constatamos que permanece una falta de transparencia. Sobre todo cuando hay denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil y clamor de la opinión pública, el jefe de la Policía procede designando comisiones para investigar las supuestas violaciones de derechos humanos. Sin embargo hay una falta de transparencia sobre los resultados de estas investigaciones. En los últimos tres años, según reporta las investigaciones de la prensa dominicana, de las 83 comisiones creadas, solo se conoce el resultado del 10%. Entre diciembre de 2012 y enero de 2013 se han creado 11 comisiones, de las cuales, hasta el momento, se desconocen los resultados.
Si es verdad que en algunos casos las investigaciones de la Procuraduría permiten a los tribunales imponer sentencias condenatorias de policías, esto en muchos casos no se traduce en la obtención de reparaciones efectivas por las víctimas y la familia. Al momento de dictarse la sentencia solamente se declara la responsabilidad personal del oficial y no la responsabilidad de la Policía Nacional como institución estatal. En la mayoría de los casos el oficial se declara insolvente respecto de la reparación civil por daños y perjuicios, y las víctimas o sus familias quedan sin compensación efectiva.
Los testigos, familiares y representantes de las víctimas, y defensores de derechos humanos que denuncian estos hechos se han visto en ocasiones amedrentados por los perpetradores; muchos casos no se denuncian por miedo a represalias de los agentes policiales.
Es importante resaltar que el poder legislativo no ha sido receptivo a las propuesta desde la sociedad civil en la discusión de la reforma al código penal, para introducir la tipificación de los delitos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, apología al odio, y crímenes de odio han quedado ausentes, aun siendo estos mandatos de convenciones internacionales ratificadas, de recomendaciones y órdenes de sentencias de mecanismos internacionales desde hace más de 5 años.
Sumado a esto, han dejado en un letargo de más de 12 años la elección del Defensor del Pueblo, órgano que serviría para investigar y perseguir los excesos de los servidores y funcionarios públicos, como es el caso de los agentes del orden.
No se puede hablar de los abusos policiales sin mencionar el contexto en que los policías trabajan.
Los agentes policiales trabajan bajo precarias condiciones que fomentan la corrupción, criminalidad y la desprotección misma de los agentes y capacidad para salvaguardar los derechos de la población.
Según datos de enero de 2013, el 67% de los policías ocupan los cargos más bajos con sueldos muy por debajo del valor de la canasta familiar. Estos niveles tan bajos de salarios son considerados uno de los factores que más contribuyen a que la corrupción y la convivencia con los delincuentes sean tan difundidas en la policía.
El régimen disciplinario afecta de manera desproporcionada los bajos rangos de la Policía. Según datos del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, a conclusión de las 1,092 investigaciones que esta realizo sobre actuaciones de policías durante el 2011, se impusieron 725 sanciones y 209 desechadas. Sin embargo, persecuciones e investigaciones a oficiales de alto rango sospechosos de haber participado en actividades ilícitas no fueron iniciadas.
La falta de preparación de los agentes, aunado con débiles mecanismos para asegurar su propia protección, hacen que los agentes de la Policía Nacional también sean víctimas de la criminalidad en el país. Se estima que del 2005 al 2010 han muerto 354 agentes. Sin embargo, aunque la Policía presente estas estadísticas como índice de la peligrosidad del trabajo policial, no conocemos cuantas de estas muertes se produjeron en servicio.
Considerando las difíciles condiciones en que los policías trabajan que en muchos casos son a la raíz de las violaciones de derechos humanos, saludamos que el gobierno dominicano finalmente haya reconocido la necesidad de lanzar un plan global para mejorar la seguridad ciudadana y, en particular, reformar la Policía Nacional.
El actual gobierno del Presidente Danilo Medina, señaló en su discurso de los 100 días que el plan estaría listo para enero del presente año. En el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, se señaló que el proyecto sería presentado en la segunda semana Marzo. Estamos entonces a la espera de poder leer el proyecto.
No obstante, señalamos que las organizaciones de la sociedad civil no tienen conocimiento de cuáles diagnósticos han servido de base para la elaboración del plan de seguridad y la reforma policial. Además es de subrayarse que la propuesta que prepara el Estado no ha contado con los aportes de la sociedad civil y que es necesario que tan consulta se lleve a cabo cuanto antes.
Seguimos preocupados que el Estado por un lado promete reformar la Policía Nacional y sus prácticas que violan los derechos humanos, mientras que por otro lado, diputados de la República, que eventualmente tendrán que discutir y aprobar el proyecto, solicitan abiertamente al Jefe de la Policía Nacional que “fusile” y “le de para abajo” a los delincuentes.
Peticiones:
A la luz de las observaciones hechas, solicitamos al Estado dominicano de:
- Comprometerse a dar participación activa a la sociedad civil en la preparación del proyecto de reforma y que indique cuáles mecanismos pretenden poner en marcha para asegurarse que la consulta con la sociedad civil sea genuina y constructiva;
- Incluir en la propuesta de reforma policial elementos para asegurarse que las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la policía reciban las reparaciones que les corresponden bajo el derecho internacional de los derechos humanos;
- Asegurarse que las políticas que se adopten en materia de seguridad tengan un enfoque de género, en particular incluyendo la violencia contra la mujer y los feminicidios como un problema de seguridad.
- Indicar las razones que han obstaculizado hasta la fecha el nombramiento del Defensor del Pueblo y cuáles medidas se pretenden tomar para asegurarse que esta figura sea operativa y su mandato conocido por el público.
A la honorable Comisión, después de agradecerla una vez más por habernos acordado esta audiencia en el día de hoy, formulamos las siguientes peticiones:
- Realizar una visita in loco a República Dominicana para verificar la situación general de los derechos humanos y realizar su respectivo informe, teniendo en particular consideración la situación de la seguridad ciudadana presentada en esta audiencia.
- Celebrar en un año una nueva audiencia de seguimiento sobre este tema para verificar los avances y retos.
- Solicitar al Estado firmar, ratificar y aplicar la Convención Interamericana para la Protección de Todas las personas contra las desapariciones forzadas.
