Entre el 4 y 7 de diciembre, 137 gobiernos de todo el mundo y casi 150 activistas de cuarenta países se han reunido en Viena para participar en la Conferencia Internacional sobre las bombas de racimo, un escalón más en el proceso que empezó en Oslo a principios de este año. Más de una veintena de países participaban por primera vez. Durante estos cuatro días, estados y sociedad civil han debatido sobre los elementos más importantes del que debe ser el futuro Tratado para prohibir las bombas de racimo, que debería ser aprobado a lo largo del próximo 2008.
La propia definición de este tipo de bombas y su alcance, la asistencia a las víctimas y la cooperación internacional con las comunidades afectadas por su uso, así como los plazos de aplicación y transición del Tratado, una vez esté aprobado, han centrado gran parte del trabajo de los asistentes a esta Conferencia.
Algunos países, como Japón, Reino Unido o Finlandia, han continuado defendiendo que se incluyan amplias excepciones a la prohibición, para permitir el uso de las bombas de racimo con mecanismos autodestructivos y de auto neutralización, planteando, por lo tanto, que éstas queden fuera del Tratado. También otro grupo de países parecería interesado en dejar fuera del alcance de este nuevo régimen internacional aquellos modelos que, según ellos, tienen un alto grado de fiabilidad para conseguir su objetivo. En este grupo se encuentra, entre otros, Alemania. Pero hay muchos otros países (sobre todo los africanos, latinoamericanos y algunos europeos) que junto con las agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coalición contra las Bombas de Racimo y otras ONG, tienen una posición clara y firme sobre la necesidad de la prohibición total.
La Fundació per la Pau, Greenpeace, Moviment per la Pau, Justicia i Pau y CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado) se unen al llamamiento de la sociedad civil internacional para que el Tratado prohíba todas las bombas de racimo sin excepciones, puesto que no se trata de “salvar” a las bombas sino de proteger a la población civil, así como de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos.
El Gobierno español, que participa en el Proceso desde sus inicios y que es signatario de la Declaración de Oslo, ha hecho explícita en esta Conferencia su posición de poner en el centro del proceso el concepto de prohibición de este tipo de armas. Sin embargo, deja abierta la puerta a algunas excepciones, siempre que tengan en cuenta criterios de impacto humanitario y no técnico, como algunos países pretenden. Esto es lo que inspiró la declaración de Oslo y este propósito se debería mantener cuando se llegue al final del proceso, según ha declarado la delegación española.
Esta postura española puede interpretarse en clave constructiva. Ahora lo que esperamos y deseamos las ONG es que, en sintonía con esta postura, muy pronto el gobierno español tome alguna medida de carácter unilateral (destrucción de stocks, moratoria…) que ayude a avanzar este proceso y que vaya en la línea de defender el DIH y la legalidad internacional.
No faltan ejemplos en este sentido a nuestro alrededor. El Gobierno de Austria anunció, durante el transcurso de la Conferencia, que esta misma semana presentaría una iniciativa parlamentaria para prohibir la producción, uso, almacenamiento y comercialización de todas las bombas de racimo.
Las cinco ONG que participan en esta campaña internacional consideran que éste es el camino que debería seguir el Gobierno español. Bélgica ya lo hizo en febrero de 2006. Pero también Noruega, Hungría y Holanda, que han decretado una moratoria, son algunos ejemplos de países del entorno europeo que han decidido pasar de las palabras a los hechos. No se puede olvidar que éste no es un tema exclusivamente de defensa ni de intereses militares o industriales, sino también humanitario: el 98% de las víctimas de las bombas de racimo son civiles.
Después de Viena, las negociaciones continuarán el mes de febrero en Nueva Zelanda. A continuación, habrá una reunión final en Irlanda en el mes de mayo y la ceremonia de firma tendrá lugar en Oslo a finales del próximo año. Las ONG continuaremos trabajando en el proceso para obtener el mejor instrumento humanitario internacional posible, así como para que se adopten las medidas nacionales que sean necesarias para poner fin a esta tragedia que día tras día viven millones de personas.
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 