El Gobierno boliviano denunció ayer que el estatuto del pujante departamento opositor de Santa Cruz para formar un gobierno autónomo es «un plagio» del de Cataluña y dijo que no discutirá esta demanda en el diálogo político que comienza el próximo lunes. El portavoz de la Presidencia boliviana, Alex Contreras, aseguró en concreto que la propuesta de Santa Cruz (este), que impulsa junto a otras cuatro de las nueve regiones del país un proceso de descentralización gubernamental, «es un plagio de Cataluña», según informa France Presse.
El portavoz presidencial no precisó qué artículos de la región autónoma española se copiaron en el documento de Santa Cruz. «El Gobierno nacional no puede dialogar sobre la ilegalidad del estatuto autonómico», acotó el funcionario, al referirse a la reunión del lunes entre el presidente, Evo Morales, y los prefectos (gobernadores) de las nueve provincias de Bolivia.
El encuentro convocado por el mandatario tiene el propósito de desactivar la crisis política en Bolivia, que estalló por el rechazo de los prefectos y líderes civiles de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba de la nueva Carta Magna, aprobada en diciembre por el oficialismo en la Asamblea Constituyente, sin consenso con la oposición.
Un clima hostil precede al diálogo entre el presidente y los prefectos, por el rechazo del gobierno a los estatutos regionales y por el cuestionamiento de los opositores a la Constitución oficialista, de corte indígena y estatista. Organizaciones civiles de las cinco regiones recaban las firmas de sus habitantes para que el tribunal electoral boliviano autorice la realización de referendos locales, en los próximos 60 a 180 días.
A escasos días del esperado diálogo, el Gobierno advirtió además que la nueva Constitución «plurinacional» del país ya no es negociable, informa Reuters. Cinco de los nueve prefectos que han rechazado el nuevo texto constitucional proclamaron autonomías de facto el pasado diciembre, en el mayor desafío en casi dos años de mandato de Morales, que goza de un firme respaldo de gobiernos como los de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela.
Tarija y Cochabamba
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, afirmó que, pese a su decisión de abrir un diálogo «abierto y sin condiciones», Morales no tenía atribuciones para poner en negociación una Constitución ya aprobada legalmente. «Todos los requisitos de ley han sido cumplidos por la Asamblea Constituyente para la aprobación de la nueva Carta Magna que va a ser sometida al pueblo a referéndum; imagínense que estemos planteando una negociación sobre ese tema, eso ya no corresponde», afirmó en una declaración a los periodistas.
Poco antes de la declaración de Rada, dos de los prefectos rebeldes -Mario Cossío de Tarija y Manfred Reyes Villa de Cochabamba- expresaron su confianza en el diálogo con parecidas referencias a que ningún tema sea excluido de las conversaciones que se realizarán en el Palacio Quemado de La Paz.
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 
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