Señor Director:
Los Estados signatarios del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución Nº 2200A XXI, de 1966, que entró en vigencia en 1976, consideraron que la alimentación es un derecho humano inalienable. En dicho Pacto, específicamente en el Artículo 11, los Estados reconocieron las obligaciones y responsabilidades de los mismos de garantizar y fortalecer el acceso a una alimentación adecuada y sostenible.
Al ver las conclusiones finales de la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recientemente concluida en Roma, Italia, y conocer las publicaciones que al respecto han colmado los diarios nacionales e internacionales, me llena de preocupación el cuestionarme si realmente los Estados participantes de ese cónclave han asumido su rol como garantes de tan importante derecho humano. En la Cumbre del Milenio del 2000, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, hoy integrada por 192 miembros, se aprobó por decisión unánime: «Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan de hambre..»
De ese compromiso asumido fueron elaborados los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio que deben ser alcanzados para el 2015, de los cuales el principal es erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Ante el panorama que tenemos a nivel mundial, las tristes expectativas de las políticas nacionales de los Estados en pro de solucionar los flagelos que envuelven a las sociedades actuales: (corrupción, clientelismo, inequidad, sumados a la carestía de alimentos, al alto costo del petróleo y al calentamiento global) motiva preguntarse: ¿Cómo alcanzaremos el primer objetivo del desarrollo del milenio? ¿Cómo combatiremos el hambre y los males que nos afectan? ¿Existe voluntad política para resolverlos?.
Muchas Organizaciones No Gubernamentales se han mostrado escépticas sobre los resultados de la mencionada Cumbre, pues han visto ratificadas en la declaración final, las mismas políticas mundiales de siempre. Hay que resaltar que nuestro Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, tuvo en dicha Cumbre una participación brillante, tanto por sus opiniones y concepciones expuestas, como por la propuesta formulada en el alto fórum sobre: la creación de un plan para lograr recursos con los cuales enfrentar la crisis alimentaria mundial. Destacándose también, por los pronunciamientos atinados que explican en parte las causas de la crisis actual como son: alta factura del petróleo, falta de solidaridad de la comunidad internacional, políticas proteccionistas, liberalización de los mercados entre actores desiguales, intereses parcializados y especulación.
Sin vacilación, comparto esos criterios. Igualmente comparto que las promesas y compromisos asumidos no queden en intenciones ni sean de carácter simbólico. Más bien, que haya celeridad en el desembolso de los fondos y ayuda en todos los niveles. Pero, ¿será eso suficiente? El reconocimiento simple de tales causas y la reafirmación de los Estados de reducir para el 2015 la escasez de alimentos y el hambre, no resuelve ahora mismo la crisis que afecta a la humanidad. Se necesitan planes, estrategias y acciones inmediatas para combatir la escasez de alimentos y otros males citados más arriba.
Se necesita de una fórmula firme, solidaria y justa que no se limite a las que han ofrecido hasta ahora el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se requiere de una fórmula compuesta de: transformaciones, mercados y distribución equitativa, acceso, libertad, responsabilidad, compromiso y obligación de los Estados de garantizar el derecho a la nutrición y a la calidad de una vida digna para todos los pobladores del globo terráqueo, ya que la alimentación es un derecho humano inalienable.
Lucy Arraya/
Profesora de Derecho
Internacional en la UCSD y UNPHU
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 
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