Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

Fronteras

Rafael Sanseviero

La promulgación presidencial abría la última barrera para que la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva ingresara en nuestro derecho positivo, incluyendo la despenalización relativa del aborto. Habrían concluido así setenta años de injusticia flagrante y fracaso sostenido del Estado en hacer cumplir el marco legal. Como un primer balance propongo cinco miradas sobre la decisión de gobierno.

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1) El Senado uruguayo votó dos veces en un año la despenalización relativa del aborto. La Cámara de Diputados lo hizo dos veces en seis años. Ambas ramas del Poder Legislativo se pronunciaron a favor de esa solución en legislaturas diferentes, con amplio recambio de titulares en las bancas y fuerte presión de dos poderes ejecutivos de diferente signo político. En cada instancia de definición se votó bajo petardeo fundamentalista, anatemas y pródigas  excomuniones. El repaso de estos datos aleja cualquier duda sobre la consistencia de la opción despenalizadora que hay en la representación política de la sociedad. Esta última se manifiesta desde hace décadas seis a cuatro a favor de la despenalización. Al vetar esta ley se desequilibra el proceso de construcción del orden jurídico a favor de la minoría política y social. No vetarla habría implicado reconocer la mayoría democráticamente expresada y, eventualmente, habilitar un recurso de referendo mediante el cual toda la ciudadanía hubiera podido pronunciarse.

2) Hasta el lunes 10 de noviembre Uruguay era parte del selecto tres por ciento de países que, en todo el mundo, mantienen la condición de delincuente para la mujer que aborta, sea cual sea la circunstancia en que lo haga (junto a Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana). Ese “club” integra otro, un poco más amplio, cuyas legislaciones sobre aborto son muy restrictivas; significativamente, en la mayoría de los casos se trata de países que presentan escasos desarrollos “humano” y “democrático”, según las agencias especializadas de Naciones

Unidas. Es un espacio de atraso cultural del cual han migrado, despenalizando el aborto,

29 países durante las últimas décadas (entre otros, Bélgica, Canadá, España, Francia, Sudáfrica y Suiza). La votación del Senado nos instaló, por pocas horas, entre los Estados que se responsabilizan por los procesos de reproducción humana, tutelando el derecho y la dignidad de la vida como un bien único e indivisible. Al establecerse garantías para la interrupción de embarazos, simultáneamente y por el mismo acto, se producen condiciones jurídicas para evitar que las personas nazcan carentes del capital mínimo imprescindible, que es el deseo y la posibilidad materna de asumir su crianza. El veto nos confina nuevamente entre los países donde la maternidad  no es un acto de libertad sino, para muchas personas, una imposición de la biología, la vulnerabilidad social y las leyes de aborto.

3) Hasta la votación parlamentaria de este proyecto, dos de las tres principales colectividades políticas eran desleales con sus electores respecto a este tema. Tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado cuentan con definiciones a favor de despenalizar el aborto, por resoluciones de congresos y convenciones que nunca fueron revisadas. En el caso frenteamplista, fue significativo el compromiso de todos los sectores políticos, y especialmente de los dos principales precandidatos a la presidencia para 2009. El veto a la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva aumenta distancias entre la elite política y la ciudadanía.

4) El Poder Legislativo reafirmó el carácter laico del Estado y las instituciones uruguayas, ya que las perspectivas personales se subordinaron a la ética de promover un contrato social habilitante de lo diverso y contingente en las opciones humanas. El veto representa una atribución de valor suprademocrático a la convicción personal del presidente.

5) Senadores y diputados superaron el tóxico paralizante de la “falta de oportunidad política” para debatir sobre el aborto. El Parlamento actuó desde la conciencia de que ninguna mujer elige la “oportunidad” de embarazarse cuando no puede sostener la maternidad. Esa razón básica justificó la sustitución de una política penal por otra de derechos a educación, salud y maternidad voluntaria. El veto del Poder Ejecutivo, que restaura la política criminal, no evitará interrupciones de embarazos, pero sí mantendrá al Estado uruguayo en la condición de fiador solidario del aborto clandestino.