Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

20 de Abril de 2009

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Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI)

REPÚBLICA DOMINICANA

Informe preparado por la FUNCEJI sobre la situación de los
Derechos Humanos de la República Dominicana en ocasión del
Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas

A ser presentado durante el sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, el 1ero de diciembre de 2009

Resumen Ejecutivo

1. En este documento, la Fundación Comunidad Esperanza & Justicia Internacional, Inc. (FUNCEJI) proporciona información conforme a lo estipulado en los apartados B y C del documento titulado “Directrices Generales para la Preparación de la Información en el Marco del Examen Periódico Universal” de los cuales se plantea:[1]

• Respecto al apartado B, la FUNCEJI plantea cuestiones relacionadas con los antecedentes del país, haciendo énfasis a sus mecanismos nacionales (tanto políticos como judiciales) para la promoción y protección de los derechos humanos; la jurisprudencia nacional en la materia y la situación relativa a la impunidad e igualdad legal.

• En lo correspondiente a la directriz C, la FUNCEJI plantea cuestiones relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno, enfocándose en los casos de equidad de género y  la interrupción arbitraria o ilegal tanto de la vida como de la libertad y la tortura.

Introducción

1. La República Dominicana ha dado pasos importantes en cuanto al respeto de todos los derechos humanos, firmando y ratificando numerosos tratados, declaraciones y convenciones que obligan al estado a garantizar nuestros derechos y libertades, a la vez el país participa en el Sistema de Protección Universal de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, aceptando la jurisdicción de las cortes tanto Interamericana de Justicia como Penal Internacional. Sin embargo, y pese a que en materia jurídica se ha avanzado notoriamente, en términos de institucionalidad, persiste en todos los sectores del Estado impedimentos al cumplimiento de dichas normas internacionales, siendo las acciones y omisiones del Gobierno, la mayor fuente de situaciones que estimulan la violación de derechos humanos.

B.        Marco Normativo e Institucional del Estado

Mecanismos Nacionales y Políticas sobre Derechos Humanos

1. La República Dominicana es uno de las pocas naciones latinoamericanas que no tiene una institución nacional de derechos humanos, tal como prevén los Principios de Paris[2].
2. Actualmente, ningún Ministerio de Estado ha formulado dentro de sus líneas de acción política en materia de derechos humanos. Esto derivado de la condición de que no existe un Plan de Acción (proveniente de la Presidencia de la República).

1. A pesar de la disposición y posterior creación de la figura de un Defensor del Pueblo el mismo nunca fue elegido debido a diferencias políticas de los legisladores. A la fecha la posición continúa vacante.

Jurisprudencia Nacional en la Materia y la Situación Relativa a la Impunidad e Igualdad Legal.

1. FUNCEJI considera preocupante la percepción de la población dominicana (un 78.7% basados en un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIES) que considera que no existe igualdad en la aplicación de la ley, y que ésta diferencia viene dada por la clase social a la que el individuo pertenece[3].
2. Es un motivo de preocupación para la FUNCEJI que el Poder Judicial dominicano actúe en contra de la igualdad legal, en casos donde la parte que resulta perjudicada (por lo general) es el ciudadano de clase baja o de clase media, mientras que la parte que debe pagar por su falta no es sancionada cuando esta tiene un status económico alto o tiene un pariente o conocido con influencias políticas, militares o policiales. A la vez es alarmante el crecimiento de la impunidad en sentencias que no llegan a cumplirse luego de haber sido dictadas por un juzgado.
3. Por otro lado también es motivo de preocupación para la FUNCEJI los indultos otorgados por el Gobierno Dominicano en diciembre de 2008, cuando se dejara en libertad a Vivian Lubrano de Castillo condenada por su participación en el histórico fraude cometido a través del Banco Intercontinental (Baninter) ocasionando posteriormente el colapso de todo el Sistema Financiero Nacional y a Pedro Franco Bacía, Casimiro Antonio Marte Familia, Milciades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, condenados por la comisión de estafa contra el Estado por más de 1,800 millones de pesos a través del Plan Renove. Todos los mencionados en éste párrafo, habían sido condenados por la Suprema Corte de Justicia del país, a principios de ese año.

C.        Promoción y Protección de los Derechos Humanos sobre el Terreno

Equidad de Género

1. Con el creciente reconocimiento de los derechos de las mujeres, la mujer dominicana ha ido fortaleciendo su participación en las áreas económica, social y política – logrando una presencia destacada en los ámbitos de justicia y educación, y dando vida a importantes sectores productivos de la nación. A pesar de éstos avances, el orden cultural vigente aún mantiene y refuerza los roles tradicionales en hombres y mujeres; traduciéndose ésta situación en barreras importantes para el avance de la mujer dominicana. Adicionalmente, factores como la alta tasa de mortalidad materna, la transmisión del VIH/SIDA, y la baja participación en la esfera política, inciden negativamente sobre la probabilidad de que el país alcance algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

10.  El hecho de que el jefe de hogar sea mujer aumenta la vulnerabilidad ante la pobreza. A nivel nacional, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres alcanzó el 32% en 2005; porcentaje que se incrementa a medida que aumenta el grado de urbanización. Según datos del último Informe Sobre el Estado de la Pobreza en la República Dominicana: Logrando un Crecimiento Económico que Beneficie a los Pobres – elaborado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la colaboración de varias instituciones del gobierno dominicano – los hogares con jefatura femenina, especialmente hogares monoparentales, registran tasas de pobreza significativamente mayores que las del resto. Asimismo, la República Dominicana evidencia diferencias desfavorables contra las mujeres en cuanto a la incidencia de la pobreza a nivel individual.^[4]

Interrupción tanto Arbitraria como Ilegal de:

a) La Vida

1. El reporte de casos en los cuales los agentes de la Policía Nacional han dado muerte de manera ilegal a civiles y a sospechosos de crímenes, ha ido en aumento. Estas acciones se han llevado a cabo en diversas provincias como Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís entre otras.

1. En un reportaje realizado por el diario Clave Digital, la noche del 1 mayo de 2008, en el poblado La Caleta, en el sector de Boca Chica, oficiales de la policía allanaron una vivienda sin la compañía de un fiscal y vestidos de civiles; esto provoco un enfrentamiento que derivó en la muerte de cinco (5) personas indefensas, entre ellas a los ciudadanos Manuel Jiménez ; Inocencio Eusebio; Eddy Antonio García y Pascual Reyes González, de diecisiete (17) años de edad. Luego de hacerse las investigaciones oportunas sobre el caso, las autoridades presentaron cargos contra los oficiales involucrados.
2. El 4 de Agosto de 2008 se llevó a cabo en una provincia al sur del país, un operativo militar que terminó con la ejecución de siete extranjeros entre ellos nacionales colombianos, y un nicaragüense, que aunque herido logró salvar su vida al fingir estar muerto. La Matanza de Paya (nombre con el que es conocido el caso), causó revuelo en todo el país, descubriéndose un complicado entramado de relaciones político-militares que actuaban en complicidad para el contrabando de un alijo de drogas, que tenía como destino final (presumiblemente) los Estados Unidos[5].

1. El 23 de septiembre de 2008, durante una manifestación en contra de la muerte de un estudiante por parte de las autoridades del orden en Santo Domingo, tuvo como resultado un menor baleado y posteriormente muerto.  La policía culpó a un tirador no identificado, pero algunos manifestantes atribuyeron la muerte a los agentes policiales.

1. El 5 de noviembre, de acuerdo a informes de prensa, una bala de la policía mató a un joven de 17 años que jugaba baloncesto cerca de una manifestación.  Los organismos de seguridad dispersaron rutinariamente a los protestantes con gas lacrimógeno y cañones de agua, así como con tiros verdaderos.^[6]

1. Los casos de violencia urbana son una situación común, ya que los ciudadanos suelen atacar a malhechores y a ladrones tomando la justicia por sus propias manos. Estos incidentes son atribuidos al aumento de la pobreza, la falta de confianza en la Policía Nacional y en el Poder Judicial.

b) La Libertad

1. También se ha hecho motivo de preocupación para la FUNCEJI que en su intento por preservar la seguridad ciudadana, agentes de la Policía Nacional cometan excesos, muchas veces amparados en las instrucciones precisas de sus superiores  para combatir la  delincuencia.
2. Según informaciones suministradas por el periódico Diario Libre, José Luís Sillé, fue apresado sin mediar palabras, por agentes policiales vestidos de civil en las inmediaciones de la avenida 27 de Febrero, esquina calle Barahona, el 9 de febrero de 2009. De acuerdo a la denuncia del agraviado “al salir de un cajero automático, dos hombres a bordo de una motocicleta, le silbaron y gritaron que se acercara a ellos”. En el trayecto hacia  la Sede Central de la Policía Nacional, los agentes realizaban constantes amenazas incluso de muerte al supuesto delincuente. José Sillé fue golpeado, maltratado verbalmente y los agentes violaron el derecho a una llamada  telefónica; permaneciendo incluso hincado de rodillas por más de media hora en la oficina de un Teniente, mientras se realizaban depuraciones para comprobar que tal y como él decía, no se trataba de un delincuente.

1. Mientras permanecía detenido, José Sillé recibió una llamada a su celular, la cual, haciéndose pasar por él, contestó el oficial que le acompañaba. La llamada era de una compañera de trabajo, que lo constató para consultar asuntos laborales. Fue entonces cuando el agente policial confirmó que la víctima no era ningún desaprensivo. Luego de esto, según narra Sillé, le permitieron una llamada. Ante esta oportunidad, el joven informó de la situación a un amigo, hijo de una agente policial. Al percatarse del vínculo, Sillé fue dejado en libertad, no sin antes advertirle que cualquier información en contra de los oficiales le podría costar la vida.

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[1] Adoptadas mediante Decisión 6/102 del Consejo de Derechos Humanos, que da seguimiento al apartado I de la Resolución 5/1, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2007.

[2] Principios de Paris, definidos en el primer seminario internacional sobre instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, celebrado en Paris del 7 al 9 de octubre de 1991; adoptados por la Resolución 1992/54 de la Comisión de Derechos Humanos, de 1992, y por la Resolución 48/134 de la Asamblea General, de 1993.

[3] Oficina de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2006. “Guías de Aprendizaje sobre Desarrollo Humano”. Editora Corripio, C. por A. Santo Domingo.

[4]Informe Equidad de Género en la República Dominicana http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:21655267~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html

[5] Los sospechosos de la masacre son: el colombiano Andrés Berroa Mercedes, conocido como “El Capi”; el ex capitán Frederick Medina Abud, Noé Martín Sterling Villalón, hijo del senador por Barahona; Kilvio Santana Féliz, Domingo Onésimo Marmolejos, Félix Mora Terrero, Joaquín Feliz Pérez, José Luis Montás Vargas (El Duro Motors) y Pedro González. También el nicaragüense sobreviviente de la matanza, Orin Clinton Gómez Halford, quien guarda prisión en la cárcel de Operaciones Especiales de la Policía, en Manoguayabo.

[6] Informe de Derechos Humanos en la República Dominicana – 2008, Departamento de Estado, Estados Unidos de América

ANTECENDENTES

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han ido aprobando una serie de resoluciones para promover la participación de la sociedad civil en las diferentes áreas de trabajo de la organización, incluyendo la Asamblea General, las sesiones especiales del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, así como en el proceso de Cumbres de las Américas. Al mismo tiempo muchas organizaciones de la sociedad civil han tomado importantes pasos  para poder utilizar todos los espacios disponibles y de involucrarse en el proceso de Cumbres.

Global Rights-Partners for Justice, con el apoyo de la Fundación Interamericana   hemos venido participando en los distintos espacios con el fin de incrementar la participación de las organizaciones afro descendientes en las actividades de la OEA. En los últimos cuatro años  hemos realizado eventos y talleres de capacitación con el fin de estimular una mayor presencia de organizaciones afro descendientes en la organización regional. De hecho, hoy más de 16 organizaciones Afro descendientes se han inscrito y otras 4 esperan su registro; pero aun faltan muchas mas para incrementar nuestra presencia.

Realizamos eventos paralelos a las Asambleas Generales, con el objetivo de visibilizar la situación de los Afro descendientes en la región. Al mismo tiempo hemos venido siguiendo muy de cerca los procesos de Cumbres de las Américas, en especial de cara a la Cumbre que se realizo en Puerto España, Trinidad y Tobago en abril del 2009.  Además apoyamos a organizaciones afro descendientes a presentar informes sobre su situación de derechos humanos en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguimos de cerca el proceso de redacción de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, actualmente en discusión en el Comité de Asuntos Jurídicos y políticos de la OEA.

Con el objetivo de incrementar la participación de los Afro descendientes en la OEA, realizaremos un curso de capacitación en la Ciudad de Washington D.C. del 14-18 de septiembre, con el objetivo de acercar la OEA a líderes de organizaciones afro descendientes de América Latina pertenecientes a redes regionales, para que conozcan de cerca cuales son los mecanismos de participación de la sociedad civil y cuales son los espacios políticos que las organizaciones afro descendientes pueden utilizar para hacer un mejor trabajo de incidencia.

Como referencia, es necesario mencionar que la OEA ha venido incrementando el rol de la sociedad civil  en sus iniciativas. En 1999, el Consejo Permanente aprobó la resolución CP/RES.759 (1217/99) “Guías de participación de la sociedad civil en las distintas actividades de la OEA”, donde se plantea el alcance de la participación de las organizaciones sociales en las distintas instancias de la OEA.

En marzo del 2003, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución CP/RES.840 (1361/03) “Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA”, donde se planteó la promoción de una participación mas activa en el proceso de registro de ONGs ante la OEA. En junio del mismo año, en la XXXIII Asamblea General de Santiago de Chile, hubo un dialogo informal entre las ONGs y los Ministerios de Relaciones Exteriores  de los Estados Miembros y con el Secretario General, lo que ha hecho que desde entonces se haya institucionalizado este dialogo.

En la actualidad la mayoría de los Estados miembros han reconocido que la participación de la sociedad civil es indispensable para el desarrollo de la democracia real en el Hemisferio Occidental.

OBJETIVOS

Los objetivos del curso de capacitación son:

• Un mayor conocimiento de parte de las organizaciones afro descendientes sobre como  funciona la Organización de Estados Americanos y algunos de sus órganos; el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos; las Asambleas Generales de la Organización de Estados Americanos; el Proceso de Cumbres de las Américas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Promover un mayor registro de las organizaciones afro descendientes en la OEA.
• Compartir experiencias sobre el combate a la discriminación racial en América Latina.

DIRIGIDO A:

Abogados o activistas en derechos humanos afro descendientes residentes en América Latina  con poca o ninguna experiencia sobre la Organización de Estados Americanos, con el compromiso de compartir los conocimientos adquiridos en su organización y país.

APLICAR:

Enviar una carta de no más de dos páginas en portugués o español, con copia del CV  y una carta de referencia de la organización, mostrando el interés de participar en este curso. latinamerica@globalrights.org

Fecha limite para recibir solicitudes será el 17 de julio del 2009. Global Rights no se responsabiliza por la solicitud de visa de los de los participantes para ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, se enviaran cartas a los consulados de las personas seleccionadas en caso necesario.

Carlos Quesada

Latin America Program Director

Global Rights Partners for Justice

1200 18th Street, NW Suite 602

Washington DC 20036

Tel: 202-822-4600 Ext.162

Fax: 202- 822-4606

www.globalrights.org
carlosq@globalrights.org.

VIOLENCIA

ICED y FUNCEJI advierten altos costos de la violencia armada en RD

“Las estadísticas muestran que diariamente mueren alrededor de 4 personas en la República Dominicana como consecuencia del uso de armas de fuego”.

Redacción de Clave Digital

viernes, 19 de junio de 2009, 3:19 p.m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La región latinoamericana, que incluye al Caribe, es una de las más violentas y concentra el 42 por ciento de las muertes violentas a nivel mundial, lo que constituye un reto para la República Dominicana. Según declararon el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED) y la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), enfrentar el problema de la violencia armada es uno de los temas más importantes para alcanzar el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Resaltaron que sólo en el año 2008, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, hubo un total de 1,679 muertes violentas por arma de fuego, además de 4,755 personas que resultaron heridas por impacto de bala, en diferentes circunstancias. “Las estadísticas muestran que diariamente mueren alrededor de 4 personas en la República Dominicana como consecuencia del uso de armas de fuego”, advirtieron. Indicaron las dos entidades que el elevado costo económico que representa este género de violencia está relacionado con las pérdidas humanas y materiales. Asimismo, con los recursos que hay que destinar para enfrentar las consecuencias de la violencia armada, que generan un alto costo dentro del sistema de salud pública. Otro efecto dañino de la violencia armada es la disminución del nivel de productividad, ya que la gran mayoría de los afectados son jóvenes en edad productiva. “Esta gran cantidad de dinero destinado a enfrentar la violencia armada, bien pudiera estar siendo utilizado para el tratamiento de enfermedades crónicas, para el desarrollo de planes de reforma en el sistema de salud o educación, entre otras cuestiones más importantes que redundan en el bienestar social de la colectividad”, observaron el ICED y la FUNCEJI. Recordaron que en el año 2000 un total de 189 estados acordaron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), centrados en la educación, la atención sanitaria, la pobreza extrema, el hambre, la sostenibilidad del medio ambiente y la desigualdad entre los géneros. “Objetivos que en la actualidad se ven socavados por la incidencia de la armas de fuego en nuestras sociedades, al ser la región latinoamericana, incluyendo el Caribe, una de las más violentas, concentrando el 42% de las muertes violentas a nivel mundial, superando incluso la región subsahariana”, precisaron. “Queremos llamar la atención del Estado dominicano para que tome en serio esta problemática y su impacto negativo sobre el desarrollo sostenible. A las autoridades competentes les pedimos que se comprometan con la reducción de la violencia armada, vista dentro de una perspectiva de políticas públicas de desarrollo”, expresaron.