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Por António Guterres
15 de junio de 2009
Actualmente hay cerca de 42 millones de víctimas de conflictos y persecución en todo el mundo que viven como refugiados o desarraigados dentro de sus propios países, muchos de ellos durante años y años.
Entre ellos hay cerca de 6 millones de refugiados que llevan al menos cinco años en el exilio -en su mayoría en campos-, en lo que los expertos humanitarios llaman «situaciones de refugio prolongadas». Pero estas interminables situaciones de refugio no incluyen a los millones de personas desarraigadas que se encuentran desplazadas dentro de sus propios países y que superan ampliamente al número de refugiados en el mundo. Muchos de ellos tampoco pueden volver a sus hogares, a veces durante décadas.
A pesar de que el derecho internacional distingue entre refugiados y desplazados internos, tal distinción resulta absurda a aquellos que han sido forzados a dejar sus hogares y que lo han perdido todo. Las personas desarraigadas merecen ser ayudadas de igual manera, hayan cruzado o no una frontera internacional. Esta es la razón por la que ACNUR trabaja en conjunto con otras agencias de la ONU, para proporcionar a los desplazados internos la ayuda que necesitan, de la misma forma que lo hacemos con los refugiados. Pero aún nos queda mucho por hacer.
Mientras esperan una solución, los refugiados y los desplazados internos necesitan alimento, cobijo, atención médica, sanitarios, seguridad, escuelas y otros insumos de primera necesidad. Desafortunadamente, muchos de ellos no reciben lo que necesitan. ACNUR, que depende casi por completo de financiación voluntaria, recientemente presentó un estudio que expuso brechas alarmantes en la satisfacción de incluso necesidades básicas.
En Camerún, por ejemplo, el 17 por ciento de los niños refugiados de la República Centroafricana sufre malnutrición aguda, con una tasa de mortalidad que en algunas zonas es siete veces superior al nivel de emergencia. Menos de un tercio de las niñas refugiadas están escolarizadas.
En Ecuador, muchos colombianos desarraigados desconocen por completo su derecho a pedir asilo, mientras que otros miles viven en regiones aisladas y tienen miedo de solicitarlo. Los indígenas, las mujeres solas y las niñas son especialmente vulnerables a explotación y abusos.
En Georgia, las personas que llevan 15 años desplazadas dentro del país, siguen viviendo en centros comunitarios en condiciones deplorables y abarrotados, que carecen de aislamiento ante el frío y de sistemas de aguas residuales.
En Tailandia, más de 100.000 refugiados de Myanmar y solicitantes de asilo han vivido durante años en campamentos superpoblados en medio de una enorme frustración que desemboca en violencia doméstica y otros abusos.
Los países de acogida pobres, que son los que menos pueden costearlo, están pagando el precio más alto. A pesar de reportes alarmistas difundidas por políticos populistas y medios de comunicación sobre «avalanchas» de solicitantes de asilo en algunos países industrializados, la realidad es que el 80 por ciento de los refugiados en el mundo se encuentra en países en vías de desarrollo, al igual que la amplia mayoría de desplazados internos. A medida que los conflictos se alargan sin encontrar soluciones políticas, la presión sobre muchos de estos países en vías de desarrollo llega casi al límite. Necesitan más ayuda internacional. Sin ella, ACNUR y otras agencias humanitarias se verán obligadas a seguir tomando decisiones desgarradoras sobre cuáles de las necesidades de las familias desarraigadas no se van a poder cubrir.
Nuestra capacidad para ayudar a aquellos que más lo necesitan también se está viendo seriamente cuestionada por la reducción del «espacio humanitario» en el que debemos trabajar. La naturaleza de los conflictos es cambiante, con una diversidad de grupos armados – algunos de los cuales perciben a los trabajadores humanitarios como objetivos legítimos. Dos trabajadores de ACNUR han sido asesinados en Pakistán tan sólo en los últimos cinco meses, el más reciente en el bombardeo el 9 de junio al hotel Pearl Continental de Peshawar. ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades urgentes de millones de personas desarraigadas y garantizar al mismo tiempo la seguridad de nuestros propios trabajadores? Asimismo, nos enfrentamos a un endurecimiento de las posturas sobre la soberanía nacional, especialmente en situaciones de desplazamiento interno. La distinción entre los trabajadores humanitarios y los militares corre el riesgo de ser cada vez más difusa, especialmente en las situaciones de mantenimiento de la paz en las que no hay paz alguna que mantener.
La crisis económica global, las grandes disparidades entre norte y sur, el aumento de la xenofobia, el cambio climático, el incesante estallido de nuevos conflictos y la dificultad para solventar antiguos, amenazan con empeorar el ya descomunal problema de desplazamiento masivo. Desde principios de año, millones de personas se han sido desplazadas en Pakistán, Sri Lanka, Somalia y otros lugares. Estamos en una constante lucha para enfrentar estas situaciones.
El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, un buen momento para recordar a los 42 millones de personas desarraigadas en todo el mundo que aún esperan el momento de regresar a sus hogares. Ellas se encuentran entre las personas más vulnerables de la Tierra y deben ser una prioridad. La misma comunidad internacional que se siente obligada a gastar cientos de miles de millones para rescatar los sistemas financieros, también debería sentir la obligación de rescatar a personas que tienen necesidades tan urgentes.
António Guterres es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Fecha: 15 Junio 2009
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 