Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

El control de las armas de fuego en nuestro país viene dado por la ley No. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, la cual data del año 1965, ya con algunas modificaciones. Esta ley regula, precariamente, las actividades de tenencia, porte, compra, venta y registro de armas.

Por todos es sabido que la violencia es un fenómeno social multidimensional y multicausal, sin embargo, la creciente incidencia de las armas de fuego en la comisión de homicidios nos lleva a replantearnos de manera radical la relación causal que existe entre el uso de armas de fuego y la violencia urbana.

De tal forma, la proliferación masiva de armas en manos de civiles, de manera legal o ilegal, imposibilita su debido control, fomentando no sólo un uso indebido de las mismas, sino el tráfico ilegal de armas de fuego.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que el fácil acceso a las armas de fuego, a consecuencia del débil control en la legislación, es un fuerte detonante de los hechos de violencia con los que tiene que lidiar nuestra sociedad día a día. Esta proliferación de armas, unida a factores predominantes como la pobreza, el desempleo, la desigualad, la corrupción, la impunidad, y la influencia de patrones culturales violentos, contribuye a hacer más preocupante el clima de inseguridad ciudadana que hoy predomina, no sólo en nuestro país, sino en la región.

Múltiples estudios en la materia corroboran que aquellos países de la región con menores poblaciones viviendo en la extrema marginalidad, con mayores ingresos per cápita y los que gozan de una mejor distribución de sus recursos, poseen tasas más bajas de homicidios violentos: Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile, entre otros. Por el contrario, los que poseen una mayor brecha social, como el nuestro, tienen índices de delincuencia y violencia mucho más elevados.

Curiosamente, estos países se caracterizan por tener un número alarmante de armas en manos de la población civil, dato que corrobora la estrecha relación entre una realidad socio-económica dada, la disponibilidad de armas de fuego y el crecimiento de la violencia.

Partiendo del criterio de que la tasa de homicidios es un buen indicador del grado de violencia de un país, podemos decir que la República Dominicana es un país muy violento. Las muertes no naturales en los últimos años se han incrementado significativamente, sobresaliendo las muertes que se producen a consecuencia de actos de violencia.

Según datos oficiales de la Procuraduría General de la República, sólo en el año 2008 hubo un total de 1,679 muertes violentas por arma de fuego, además de 4,755 personas que resultaron heridas por impacto de bala, en diferentes circunstancias. A su vez, en el mes de septiembre de 2008, la Secretaría de Estado de Interior y Policía dio a conocer los resultados de uno de los tantos informes de la Procuraduría General de la República sobre muertes violentas en el país, específicamente sobre las muertes registradas hasta el mes de agosto de 2008. Para sorpresa de unos cuantos, incluidas las autoridades de la SEIP, los datos estadísticos revelados por el informe dan cuenta de que, en ese período, se victimizaron unas 1,440 personas, de las cuales 497 (34.51%) fueron víctimas de crímenes cometidos por la delincuencia, mientras que unas 943 (65.49%), víctimas de crímenes producto de conflictos interpersonales.

Los números nos están diciendo que los ciudadanos que han decidido armarse para su “supuesta defensa” son los que producen, en el 65.49% de los casos, las muertes violentas por impacto de bala. El citado informe también da cuenta de que las víctimas de la violencia armada son en su mayoría jóvenes en edad productiva, entre 18 y 34 años, para un 58.4% de los casos, situación que, sin lugar a dudas, tiene graves consecuencias en el desarrollo económico y social de nuestro país.

La ley, en su artículo 16, establece ciertos requisitos para optar por una licencia de porte de armas, los cuales son:

1. Ser dominicano o extranjero con residencia
2. Formular la solicitud a la autoridad correspondiente, a través de los formularios diseñados
3. Certificados de no delincuencia y de buena conducta
4. Certificado médico, expedido por la Comisión Médica designada por Salud Pública en la SEIP
5. Pago de impuestos
6. Tres fotografías 2×2
7. Una certificación de registro legal de armas de fuego expedida por Material Bélico de las FFAA

Como vemos, uno de los requisitos legales para la obtención de un arma de fuego en el país es la realización de un examen médico-psicológico para determinar si la persona que opta por la licencia tiene idoneidad o no para ello. Resulta muy desconcertante que fuera para el año 2003 cuando se creara la Comisión Médica de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, entidad que desde ese momento quedó encargada de la realización de dicho examen. Dicho esto, puede verse como transcurrieron 38 años para que esa especificidad de la ley, tan relevante, pudiera cumplirse. En comparación, legislaciones más estrictas como las de Brasil, Paraguay, Nicaragua y México, amplían al máximo los requisitos para adquirir, registrar y portar armas de fuego.

Por ejemplo, en México se exigen los siguientes requisitos (Artículo No. 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de México):

1. Tener un modo honesto de vivir (comprobable)
2. Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional
3. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas
4. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas
5. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos
6. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por medio de:
a. La naturaleza de su ocupación o empleo
b. Las circunstancias especiales del lugar en que viva
c. Cualquier otro motivo justificado

En tal sentido, resulta de primer orden adecuar nuestra legislación interna, haciéndola mucho más estricta y ceñida a los lineamientos internacionales sobre uso, comercio, transferencias, marcaje y registro de armas y municiones. Otros puntos que pudieran ser tomados en cuenta para una eventual modificación a la ley serían:
1. Establecer una cantidad máxima anual de licencias nuevas a otorgar, en sus diferentes categorías
2. Establecer, dentro de esa cifra máxima, un porcentaje menor de licencias de tenencia para personas físicas
3. No permitir más de una (1) licencia de porte y/o tenencia por persona física, sea cual fuere el tipo de categoría de arma
4. Prohibir las licencias de porte a las personas físicas, salvo muy pocas excepciones
5. Sancionar drásticamente los tiros al aire
6. Prohibir las licencias de tenencia para las personas con historial de violencia doméstica
7. Realizar campañas nacionales de sensibilización, por parte de la Policía Nacional y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, en las que se promuevan métodos alternativos de resolución de conflictos

Son muchas las causas por las que existe demanda de armas de fuego. En sociedades como la nuestra, una causa principal, a parte de las condiciones inherentes que fomentan la desigualdad social y económica, generadoras de violencia, es la falta de políticas públicas que fomenten la resolución pacífica de los conflictos y generen progresivamente el cambio cultural necesario para abandonar esos patrones violentos tan arraigados en la sociedad.

Estas circunstancias, acompañadas del alto nivel de corrupción e impunidad, llevan a la población a necesitar el arma de fuego para su seguridad personal. A esto habría que añadir, en cuanto al factor psicológico, la falsa percepción de poder que adquiere el individuo que obtiene un arma, principalmente en una sociedad con sentimientos tan enraizados de autoritarismo como esta.

Según un informe de 2003 del PNUD “la utilización de armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios. Las personas que utilizaron un arma de fuego para defenderse de un hecho de violencia durante el año 2000 murieron en una relación 4 veces mayor, en comparación con aquellos que no intentaron defenderse con armas. Por su parte, las personas que intentaron usar un arma para defenderse de un asalto o robo murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto”.

Por tanto, es necesario que de una vez por todas se enfrente de manera proactiva y eficiente la problemática de la violencia armada. La participación de las organizaciones de la sociedad civil, así como de la comunidad en su conjunto, es vital para ello.

A manera de conclusión, me permito hacer algunas recomendaciones finales:

• Elaborar un proyecto de ley que restrinja drásticamente el fácil acceso a las armas de fuego

Como hemos señalado, nuestra ley es sumamente permisiva en cuanto al otorgamiento de licencias a civiles. Sólo establece unos cuantos requisitos que, en comparación con otras legislaciones, resultan sumamente inadecuados si nos fijamos en la tasa anual de homicidios violentos por armas de fuego en nuestro país. Por lo tanto, consideramos que una nueva ley debe restringir mucho más el acceso a las armas por parte de la población civil.

• Insistir en un sistema de registro, marcaje y rastreo de armas más eficiente y actualizado

El personal policial competente, y demás integrantes de los cuerpos de investigación, debe mantener registros actualizados de las armas y municiones, tanto en manos de las fuerzas de seguridad como de la población en general, además de crear una base de datos centralizada de todas las armas de fuego que entran al país para su comercialización, para de esta forma poder obtener de manera rápida los datos referentes a las mismas: fabricante, serie, calibre, propietario, año de fabricación, etc. De esta forma se contribuye a evitar el desvío de las armas legales al mercado ilegal, además de que a través del marcaje se puede controlar más efectivamente la distribución de armamento y municiones de los agentes estatales y vigilar sus arsenales, siendo también fundamental en las investigaciones penales, al facilitar la identificación y rastreo del arma involucrada en la comisión de un crimen o delito.

• Impulsar políticas encaminadas a mejorar el control fronterizo. Asimismo, brindar apoyo técnico a Haití en el proceso de creación de una ley en materia de armas de fuego

La República de Haití no cuenta todavía con una legislación en materia de control de armas, como tampoco con un sistema de registro organizado de las armas de fuego importadas o de tránsito en el país, lo cual, al ser prácticamente inexistente el control por parte del Estado, contribuye a fomentar el tráfico ilícito.

• Aumentar la sensibilidad hacia la violencia armada a través de campañas periódicas

Proponemos la realización de campañas de sensibilización, tanto en la prensa, radio, como televisión, en las que se aborde el riesgo que se corre al tener un arma de fuego para la supuesta defensa, ofreciendo datos estadísticos relevantes. Asimismo, contemplamos la elaboración de folletos informativos para distribuir en centros educativos, universidades, entidades culturales, etc.

Otra cuestión importante es incidir en la reducción del riesgo de violencia armada en hogares con historial de violencia doméstica, a través de dichas campañas de sensibilización. Hay que resaltar que la mayoría de los casos de violencia doméstica que son reportados, luego terminan en muerte porque dentro del hogar había un arma de fuego. Según datos de Iansa, tener un arma de fuego en el hogar aumenta el riesgo general de que algún miembro de la familia sea asesinado en un 41%; sin embargo, para las mujeres este riesgo casi se triplica (aumenta en un 272%).

• Utilizar el sistema educativo para sensibilizar a niños y jóvenes

Se debe incluir el tema de la educación para la no violencia como materia curricular en los centros educativos públicos y privados, con el objetivo de prevenir la violencia armada y poner en tela de juicio los planteamientos que consideran aceptable la predisposición a la violencia. Este trabajo de sensibilización debe incluir también a los padres, como elemento fundamental para vencer esos prejuicios sociales y fomentar una cultura de paz en el hogar.

• Difusión de la Ley Marco de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados del PARLATINO, como marco referencial para impulsar el proceso de modificación de la ley vigente

El Anteproyecto de Ley Marco fue elaborado en el año 2006, siendo un esfuerzo conjunto de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada, Clave, el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, y el Parlamento Latinoamericano, con el objetivo de servir de marco legislativo común para toda Latinoamérica en materia de control de armas de fuego y municiones. En ese sentido, proponemos la realización de una serie de actividades de difusión entre legisladores (ya sean seminarios, encuentros, debates, cursos de formación legislativa, etc.). El Proyecto de Ley fue aprobado por el PARLATINO a principios de año.

• Fomentar la recopilación y publicación de información y datos estadísticos sobre violencia armada

Los efectos de la violencia armada deben quedar reflejados en los informes oficiales, y dicha información ser sistematizada en un formato eficiente y verificable. Asimismo, el Estado debe alentar a las organizaciones de la sociedad civil a que investiguen sobre estos temas y que pongan dichas investigaciones y recomendaciones al alcance de quienes están llamados a formular políticas y elaborar programas de reducción y prevención de la violencia armada en todos sus ámbitos.

Por: Orlidy Inoa