Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

SANTO DOMINGO- En el día de ayer, jueves 29 de marzo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que vigila el respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publico las observaciones generales sobre el examen a República Dominicana.

En el examen una Coalición de 12 ONGs Dominicanas, entre ellas FUNCEJI, participaron enviando un informe alternativo sobre el respeto a los derechos humanos en el país (ver informe: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/FCEJI_DominicanRepublic_HRC104_sp.pdf), y participo en una sesión cerrada con los miembros del Comité respondiendo sus inquietudes al respecto, el Lic. Raudy Serrata, coordinador de litigios de FUNCEJI nos represento en la celebración de la sesión y brindo información al comité sobre el Defensor del Pueblo, las Ejecuciones Extrajudiciales, torturas y ausencia de reparaciones por abusos policiales, discriminación por orientación sexual, educación en derechos humanos y libertad de expresión.

Hoy el Comité publica dentro de sus preocupaciones y recomendaciones (ver documento http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.DOM.CO.5_sp.doc), lo solicitado por FUNCEJI, estas son:

DEFENSOR DEL PUEBLO

El Comité lamenta que, tras más de diez años después de la creación de la Defensoría del Pueblo, ningún defensor del Pueblo haya sido nombrado, y la institución no ha iniciado sus funciones. El Comité también lamenta que no exista una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los Principios de París. (art. 2)

El Estado Parte debe nombrar a la brevedad posible un Defensor del Pueblo a través de un procedimiento transparente, garantizando los más altos niveles de profesionalismo, independencia y experticia de la persona seleccionada. El Estado parte debe garantizar el funcionamiento adecuado de la Defensoría del Pueblo, dotarla de presupuesto propio, reforzar su mandato, ampliar sus facultades de vigilancia y tomar todas las medidas necesarias para garantizar plenamente su independencia de conformidad con los Principios de París (resolución 48/134 de la Asamblea General).

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, ABUSO POLICIAL Y REPARACIONES

El Comité reitera su preocupación por la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, y por las altas cifras de ejecuciones extrajudiciales. El Comité también lamenta la falta de una tipificación específica de las ejecuciones extrajudiciales en la legislación interna, lo cual ha limitado la plena visibilización del fenómeno y su trato adecuado por las autoridades judiciales. (arts. 6, 7) 

El Estado Parte debe seguir sus esfuerzos para eliminar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden. En particular, debe asegurar que las reformas de la institución policial que están en curso aseguren: a) una formación profesional de calidad que integre el pleno respeto de los derechos humanos y la resolución de los conflictos como objetivos prioritarios de la intervención policial; b) condiciones de trabajo y salarios adecuados, que reflejen el nivel de responsabilidad de los agentes del orden; c) posibilidades de desarrollo profesional y mecanismos de control permanentes que incentiven el respeto absoluto de los derechos humanos. El proceso de reforma en curso también debe garantizar la armonización de las políticas, legislaciones y prácticas del Estado parte con los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El Comité saluda la decisión de reconocer la competencia de la justicia ordinaria en todos los casos de brutalidad o de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden. No obstante, al Comité le preocupan las dificultades que tienen las víctimas de estos hechos, particularmente por las personas detenidas, para que sus casos sean investigados de forma inmediata, independiente e imparcial. El Comité también lamenta que la mayoría de las victimas de brutalidad o uso excesivo de la fuerza por agentes del orden no reciben las reparaciones definidas en las sentencias indemnizatorias. (arts. 6, 7, 14)

El Estado parte debe crear un mecanismo independiente e imparcial para investigar de forma inmediata todos los casos de brutalidad o de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, particularmente en las cárceles. En todos los casos de brutalidad o de uso excesivo de la fuerza por parte de un agente del orden en contra del cual la victima no presente una denuncia, el Estado parte debe sistemáticamente asegurar la investigación ex oficio. El Estado parte debe también instaurar mecanismos judiciales y administrativos para garantizar la ejecución de las sentencias indemnizatorias en beneficio de las víctimas de actos perpetrados por agentes del orden. En este sentido, el Estado parte debe modificar el artículo 61 de la Ley Institucional de la Policía Nacional para introducir la responsabilidad civil del Estado en todos los casos de responsabilidad policial.

DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL

El Comité está preocupado por las informaciones sobre discriminación, hostigamiento, homicidios, malos tratos, tortura, agresión sexual y acoso sexual en contra de personas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. El Comité también lamenta la falta de información sobre la efectiva investigación y sanción de estos hechos. (arts. 3, 6, 7, 26)

El Estado parte debe señalar claramente y oficialmente que no tolerará ninguna forma de estigmatización social de la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y acoso, discriminación o violencia contra personas por su orientación sexual o su identidad de género. El Estado parte debe garantizar la investigación, enjuiciamiento y sanción de los hechos discriminatorios o de violencia motivados por la orientación sexual de la víctima.

LIBERTAD DE EXPRESION

El Comité está preocupado por la información recibida sobre varios casos de agresiones, amenazas e intimidaciones en contra de periodistas, a causa de sus actividades profesionales. (art. 19)

El Estado parte debe adoptar políticas para proteger y promover la libertad de expresión, de conformidad con las líneas directrices de la Observación general Nº 34. Asimismo, el Estado parte debe garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos de agresiones, amenazas e intimidaciones en contra de periodistas.   

EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS

El Estado parte debe difundir ampliamente el Pacto, el texto del quinto informe periódico, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparadas por el Comité y las presentes observaciones finales para aumentar el grado de concienciación entre las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las ONG que actúan en el país, así como entre la población en general. Además, aconseja al Estado parte que, al preparar su sexto informe periódico, consulte ampliamente a la sociedad civil y a las ONG.

http://www.mcgill.ca/humanrights/

The Centre for Human Rights and Legal Pluralism invites applications to the O’Brien Fellows in Residence Program from a diverse pool of applicants such as journalists, activists, academics and practitioners in the field of human rights. Applicants should possess a deep understanding of their chosen subject area and a track record of professional accomplishment. Fellows should be able to work in English with proficiency. Knowledge of French is desirable. The program is administered on a rolling basis.

For information on the application process, deadlines and more, please download the complete Call for Applications: O’Brien Fellows in Residence [.docx]
(Please note that the O’Brien Fellows in Residence Program is separate from the O’Brien Fellowships in Human Rights and Legal Pluralism, which are destined to LLM and DCL students).

Global Conference ON DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND THE FRAGILITY OF FREEDOM

International Forum for Young Leaders

The McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism at the McGill University Faculty of Law proudly announces The Global Conference on Democracy, Human Rights and the Fragility of Freedom, to be held at McGill University in Montreal, Canada, March 21^th to 23^th, 2013. This will be the third Echenberg Family Conference on Human Rights. 

Following the precedent established at the first Conference, a Young Leaders Forum is organized in conjunction with each of these conferences. Alumni of each Young Leaders Forum become McGill Echenberg Human Rights Fellows and remain active in a vibrant community of human rights professionals supported by a Secretariat located at McGill’s Faculty of Law, the Centre for Human Rights and Legal Pluralism (https://blogs.mcgill.ca/humanrightsfellows/).

The first conference, The Global Conference on the Prevention of Genocide, drew participation from around the world, successfully drawing attention to a tragically recurring phenomenon and fostering an in-depth understanding of its intricate mechanisms. The second conference, The Global Conference on Human Rights in Diverse Societies, helped challenge the mainstream narrative of the universality of human rights and identify alternative frameworks to facilitate the conceptualization of and help find solutions to global human rights issues.

This third conference will provide a unique networking opportunity for like-minded young leaders from around the world, allowing them to engage with each other and work with some of the Conference’s distinguished speakers. The Young Leaders will address key issues around democratic citizenship, the protection of fundamental rights and freedoms, including the violent repression of democracy and economic and social rights, as well as the role of transnationalism, globalization and foreign policy in democracy. Young Leaders will have the opportunity to develop practical skills in human rights advocacy, including in the use of social media and community-building to effect change. One of the main goals of the International Forum for Young Leaders is to share practical tools and experiences while engaging with these Conference themes.

To explore the unique contribution that young professionals and scholars can make to the promotion of democratic issues and human rights, both in their own countries and in the international arena, the Centre will host the third International Forum for Young Leaders, from Monday, March 18^th to Thursday, March 21^st 2013. The Forum will consist of a series of workshops, roundtable discussions, and cultural events aimed at engaging with the spectrum of issues that democracy raises.

The McGill Centre for Human Rights and Legal Pluralism will cover all costs, including travel expenses to and from Montreal, accommodation from Sunday, March 17^th to Sunday, March 24^th and conference fees.

The Centre encourages those who can make a contribution to, as well as benefit from, this unique experience to apply.

Applicants must:

Ÿ  Be under 30 years of age as of July 31^st, 2013

Ÿ  Hold a university level degree  (e.g. Bachelor of Arts)

Ÿ  Have relevant field experience

Ÿ  Show a commitment to the area of democracy, human rights and/or social justice

Ÿ  Have excellent leadership skills

Ÿ  Be able to effectively communicate in English

Applicants with the following experience are urged to apply:

• Journalists, activists/advocates and individuals with significant experience in community level work;
• Individuals who have acted in a leadership position in civil society organizations;
• Individuals with multi disciplinary academic backgrounds and significant field research.

Individuals from the Global South are encouraged to apply.

Proof of age:

Ÿ  Applicants must submit proof that they will be under 30 years of age as of July 31^st, 2013

Ÿ  Acceptable forms of proof include copies of passports, birth certificates, or national identity cards

Ÿ  Once accepted, applicants will be required to send a copy of their passport proving age

To apply:

1. Download, complete, and email the application form to youngleaders.law@mcgill.ca
2. Mail or email your proof of age, two letters of recommendation and proof of graduation to:

International Forum for Young Leaders (IFYL)

Centre for Human Rights and Legal Pluralism

3644 Peel Street

Montreal QC H3A 1W9

Canada

No faxes accepted. EMAILS PREFFERED.

The application form and forms for the letters of recommendation are available at: www.mcgill.ca/humanrights/echenberg

Applications, including all documentation, to the International Forum for Young Leaders must be received by the Centre by midnight (Eastern Standard Time) April 13, 2012.

For further information:

Inquiries can be sent to: youngleaders.law@mcgill.ca

For more information on the Echenberg Family Conferences on Human Rights, The Global Conference on the Prevention of Genocide, or The Global Conference on Human Rights in Diverse Societies please visit: http://efchr.mcgill.ca. For additional information on previous participants of the Young Leaders Forum, please visit: https://blogs.mcgill.ca/humanrightsfellows/.

DESCARGA INFORMACION COMPLETA AQUI:

application_youngleaders2013

Zobeyda Cepeda

A principios de esta semana tuve la oportunidad de asistir en Nueva York a la sesión del Comité de derechos Humanos de la ONU en la que el Estado dominicano presentó su quinto informe ante el organismo encargado de dar seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como activista de derechos humanos, aprecio la participación en eventos como este porque dan la oportunidad de cuestionar el ejercicio arbitrario del poder político y estatal, pues el Estado es puesto en una condición especial de interrogatorios por faltas cometidas.

En términos formales, el Comité, integrado por personas expertas independientes, reclamó la presentación tardía del informe y de las respuestas a puntos considerados como críticos, enviadas posterior al depósito del informe, depositadas el viernes antes al lunes en que debían ser examinadas, y en español, pues aunque Naciones Unidas tiene varias lenguas de trabajo el inglés es el de más dominio. Muestra de la falta de atención al evento en el que debía dar cuenta de sus obligaciones.

Como puntos clave de cuestionamientos estuvieron las ejecuciones o muertes cometidas por fuerzas del orden contra la población, llamados por la Policía Nacional como “intercambio de disparos”. Específicamente la delegación fue requerida a informar sobre el número de agentes del orden sancionados por la comisión de este tipo de hechos así como las reparaciones a las víctimas y sus familiares. El Estado además fue urgido a iniciar el funcionamiento de la defensoría del pueblo.

Otro tema fuertemente abordado por el Comité fue la desnacionalización o negación a otorgar documentos de identidad a personas de ascendencia haitianas nacidas en territorio dominicano. Realmente la delegación dominicana no tuvo argumentos cuando se le cuestionaron las justificaciones interpretativas a la ley de migrantes y de la nueva Constitución.

Tomando en cuenta que el país es parte de los siete en el mundo que penaliza el aborto en toda circunstancia y que el Congreso Nacional está conociendo la creación del nuevo Código Penal, el comité urgió al Estado despenalizar la interrupción del embarazo sobre todo en determinadas causales, a partir de las sugerencias hechas por otros organismos de Naciones Unidas como el Comité CEDAW.

El embarazo en adolescentes, la falta de educación secular, los atentados a la libertad de prensa, como la muerte de un periodista el pasado año, y las amenazas que han recibido personas comunicadoras, sobre todo aquellas que han investigado actos de corrupción, fueron también examinados.

Sobre la delegación dominicana, hay que decir que fue como siempre, numerosa; y a nuestro entender no logró responder con contundencia, claridad y especificidad los cuestionamientos hechos, salvo una excepción respecto a los temas relacionados con las mujeres. Por las demás personas, las respuestas fueron evasivas y descontextualizadas. Ejemplo fue la negación rotunda y reiterada de que en el país se discrimina a las personas haitianas y de origen haitiano; o que tampoco se discrimina a las personas Gays, Lesbianas, Sexuales o Transexuales (GLBT) sólo porque no hay una ley que condene este tipo de relaciones, muestra de una diplomacia con poca experiencia, o tal vez para la situación real del país no existen formas lingüísticas con qué maquillar. La estrategia siempre para responder fue la aprobación o no de leyes, misma lógica utilizada en el informe oficial.

Aunque las observaciones finales se darán a conocer en pocos días, la percepción ha sido de pocos avances en relación al anterior informe presentado hace más de once años.

Como sociedad civil, salvo algunos detalles evaluativos a lo interno, hay que destacar el importante trabajo de coordinación, cohesión e interés de presentar y defender un trabajo como grupo que develara de manera amplia las inequidades e injusticias a la población, sobre todo a la de menos recursos. El reto es la difusión, seguimiento y monitoreo de las recomendaciones.

Si desean ver la nota de prensa en inglés de Naciones Unidas pueden visitar este link
http://www.un.org/News/Press/docs//2012/hrct740.doc.htm

New York, 13 March 2012 – In an unprecedented turn out, Dominican civil society jointly presented its report before the United Nations Human Rights Committee at its 104th Session held in New York from March 12-13, 2012.  
 
The report, which had been initialed by 11 national human rights associations and coalitions, was greatly taken into account by the Committee during its examination of the situation in the Dominican Republic.
The Committee presented its concerns regarding the elevated number of extrajudicial executions (2,138 persons in five years), as well as the alarming retroactive application of the law in the process of denationalizing Dominicans of Haitian descent, condemning them to a «civil death». The high rate of violence against women also received special attention, with a recorded average of 190 femicides per year. The Committee also highlighted the high rate of maternal deaths, due in part to deficient medical assistance and clandestine abortions, in a country that remains one of the seven in the entire world to criminalize abortion in all circumstances.
Civil society also highlighted the conditions of exploitation of migrant workers in the farming industry and the lack of observation of due process in deportations. Discrimination against the LGBT community and against Afro-descendent persons was also widely discussed. 
 
The Human Rights Committee will issue its recommendations on Dominican Republic on the 24th of March.  They will be immediately published at the website of the Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre).   
 
The broadcast of the review of the Dominican Republic can also be seen at the CCPR Centre website. 
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The report was presented by the Pedro Francisco Bonó Center, the Movement for a Civil Registry Free of Discrimination, the Collective of Women and Health (CWH), Committee of Latin America and the Caribbean for the Rights of Women (CLADEM), Caribbean Institute for the State of Rights (ICED), Community of Hope and International Justice Foundation (FUNCEJI), Integrated Ethnic Foundation (FEI), Movement of Dominican Haitian Women (MUDHA), Socio-cultural Movement for Haitian Workers (MOSCTHA). Trans Friends Forever (TRANSSA) and the Coalition of NGOs for Infancy.
These organizations will closely monitor the implementation of the recommendations at the national level.
 
For more information contact:
Patrick Mutzenberg, pmutzenberg@ccprcentre.org

Nueva York, 12 – 13 de marzo 2012

En una participación numerosa sin precedentes, la sociedad civil dominicana presentó su informe conjunto ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la sesión 104 que se celebró en Nueva York en los días 12 y 13 de marzo del 2012.

El informe, que ha sido rubricado por 11 asociaciones y coaliciones de derechos humanos nacionales, fue altamente tenido en cuenta por el Comité durante el examen de la situación en República Dominicana.

El Comité presentó su preocupación ante el elevado número de ejecuciones extrajudiciales (2,138 personas en cinco años), así como la alarmante aplicación retroactiva de la ley en el proceso de de desnacionalización de dominicano/as de ascendencia haitiana, condenados a una “muerte civil”. Especial atención recibió también el alto índice de violencia contra las mujeres, registrándose un promedio de 190 feminicidios por año. Igualmente se destacó el alto índice de defunciones maternas, en parte debido la deficiente asistencia médica y a abortos clandestinos, en un país que forma parte de los siete en el mundo que penalizan el aborto en todas las circunstancias.

La sociedad civil también resaltó las condiciones de explotación de trabajadores/as migrantes en el sector agro-pecuario y la inobservancia del debido proceso en las deportaciones. La discriminación contra el colectivo LGBT y contra las personas afro-descendientes fue también altamente discutida.

Las recomendaciones dirigidas al Estado dominicano por el Comité serán dadas a conocer el 24 de marzo.

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El informe fue presentado por el Centro Pedro Francisco Bonó, Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación, Colectiva Mujer y Salud (CMS), Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), Fundación Comunidad Esperanza & Justicia Internacional (FUNCEJI), Fundación Étnica Integral (FEI), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Trans Siempre Amigas (TRANSSA) y la Coalición de ONG por la infancia.

Estas organizaciones seguirán monitoreando la implementación de las recomendaciones del Comité.

La retransmisión en diferido del examen de República Dominicana se puede seguir en la página del Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR Centre).

Santo Domingo.- FUNCEJI junto a 10 organizaciones de la Sociedad Civil Dominicana, a presentado un informe alternativo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Republica Dominicana.

En el Informe FUNCEJI resalta las violaciones por parte de la Policía Nacional, desde 2007 hasta el 2010 han sufrido heridas por abusos policiales 4,354 dominicanos. Desde 2005 hasta el 2010 murieron 2,138 dominicanos en ejecuciones extrajudiciales, actualmente las victimas de tortura y los familiares de las victimas de homicidios no logran obtener reparaciones debido a que los agresores son insolventes. Se teme que Juan Almonte Herrera y Gabriel Sandi Alistar hayan sido víctimas de desaparición forzada entre 2009 y 2011. Actualmente la Corte Interamericana sigue el caso de Juan Almonte.

También FUNCEJI agrego información sobre la Defensoría del Pueblo que  fue creada mediante la Ley 19-01, diez años después, aún no han sido designadas las personas para desempeñar las funciones correspondientes y sobre la discriminación contra las personas Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales.

El Lic. Raudy Serrata, Coordinador de Litigios de FUNCEJI dará un discurso frente a los miembros del Comité de Derechos Humanos este lunes 12 de marzo de 2012, llamando su atención sobre los temas supra citados, así como también la libertad de expresión, la ratificación pendiente de la convención de trabajadores migrantes y la educación en derechos humanos, a la vez participara el día 13 en la audiencia publica con el Estado Dominicano.

Si desea leer el informe completo dar clic aqui:

DOM REP ALTERNATIVE REPORT_NGO

Si desea leer el resumen ejecutivo dar clic aqui:

 La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y la Oficina de Patrimonio Cultural del Gobierno de Noruega convocan a jóvenes menores de 20 años, al Concurso Internacional de video o fotografía para la protección y conservación del Patrimonio Mundial con el tema: ¿Cómo pueden los jóvenes contribuir activamente a la Protección y Conservación de los Sitios del Patrimonio Mundial? Para celebrar el 40º Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO se llevará a cabo, como una de las actividades conmemorativas, la conferencia “Viviendo con el Patrimonio Mundial” que tendrá lugar en Røros, Noruega, del 14 al 16 de mayo de 2012.

Te animamos a diseñar un vídeo o unas fotografías originales y a enviárnoslas! Haciendo esto, puedes compartir tus ideas con gente de otros Sitios Patrimonio Mundial. ¿Quieres hacerle llegar un importante mensaje a los que toman las decisiones? ¡Haznos reír, si es posible! Utiliza tu imaginación, y encuentra una manera original de compartir tus ideas.

Puedes escenificar tu mensaje o utilizar música o baile en tu video o en tus fotos.

Plazo de entrega: 23 de marzo de 2012.

Envía tu propuesta a: cndu.difusion@gmail.com, atención: Kenia Moreno

Para ampliar información sobre las bases del concurso comunícate con: Kenia Moreno Responsable de Información y Difusión Pública Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO,General Luperón No. 105, Ciudad Colonial, Santo Domingo República Dominicana Tel: 809.688.9634 Fax: 809.688.9459

Los candidatos presidenciales en la República Dominicana deben abordar, en sus plataformas de campaña, la urgente necesidad de reformar la policía, dijeron seis organizaciones sociales y de derechos humanos en el Día Nacional de la Policía.

Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, Participación Ciudadana, Lucha X tus derechos y la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) han hoy unido sus voces para incentivar a los candidatos presidenciales a buscar soluciones para la crisis de seguridad pública en el país que favorezcan el respeto de los derechos humanos.

“Los índices de asesinatos policiales y las alegaciones de tortura en la República Dominicana son tan alarmantes que merecen un espacio privilegiado en la agenda de campaña,” dijo Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe de Amnistía Internacional.

“El día de la policía es una gran oportunidad para que los candidatos presidenciales comiencen a hacer una reflexión sobre el papel de la policía ante la situación de inseguridad pública en el país y desarrollen propuestas concretas para reformar la policía,” dijo Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también hizo un llamado a las autoridades dominicanas a adoptar una ley orgánica de la policía que facilite el fin de los abusos policiales, el acceso por parte de las victimas de abusos a la justicia y que permita un control eficaz de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones insistieron en que cualquier reforma de la policía Dominicana debe tener lugar con la participación de la sociedad civil.

“Cuando estos agentes, quienes actúan en el ejercicio de sus funciones, dan muerte a un ciudadano y no son debidamente castigados si se comprueba que han actuado abusando de su poder, lo que estamos diciendo como Estado es que no nos importa el hecho de que se violen los derechos humanos, cuando se tiene precisamente la obligación de garantizar la convivencia pacífica, y de responderle en estos casos a las víctimas”, señaló Orlidy Inoa, Representante del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho.

Por su lado, Participación Ciudadana manifestó que: “La cantidad de ciudadanos muertos a manos de la policía no solo llena de intranquilidad a la familia dominicana sino que es un signo escandaloso, negador del estado de derecho que debe garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las futuras autoridades del país deben comprometerse con la paz y el desarrollo poniendo fin a tan negativa practica ya impuesta en nuestro país”.

«Nos preocupa que a pesar de numerosas denuncias a nivel nacional e internacional la situación de apresamientos ilegales a través de redadas policiales, la tortura, las agresiones físicas y verbales y las ejecución extrajudiciales, continúan con más fuerza en la actual

jefatura Policial y con más vigor en estos dos meses que van del 2012,» dijo el doctor Manuel María Mercedes Medina de la CNDH.

“Las prácticas policiales abusivas, la corrupción difundida, la debilidad de los controles internos y externos son elementos interconectados que limitan enormemente la capacidad de la policía nacional de cumplir con su papel de protección a la ciudadanía en la República Dominicana,” Amnistía Internacional.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos, además, hoy harán entrega en el Palacio Presidencial de cientos de firmas provenientes de numerosos países que piden al Presidente Fernández que su gobierno tome todas las medidas necesarias para elaborar e implementar reformas efectivas de la policía.

Según la Procuraduría General de la República Dominicana, durante 2011, la policía mató a 289 personas, frente a 260 el año anterior. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los primeros 45 días de 2012, entre 25 y 30 personas murieron en los denominados “intercambios de disparos” con la policía.

Más de una décima parte de los todos los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.

La gran mayoría de los casos no son adecuadamente investigados y los responsables de los asesinatos, no enfrentan la justicia.

El pasado 14 de enero, Lucy Villa Faña Cedeño, de 25 años y madre de dos niños, murió tras recibir una serie de disparos por parte de la policía en la Romana.

Según la policía nacional, Lucy recibió los disparos en medio de un altercado armado entre agentes de seguridad y otros individuos. Pero de acuerdo a una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, testigos desmintieron que el hombre que enfrentaba a la policía estuviese armado.

El 18 de enero la policía informó que el teniente involucrado en aquel incidente había sido suspendido y enviado a la justicia. El abogado de Lucy depositó una querella pero no tiene indicaciones de que la Procuraduría este efectivamente investigando.

Las elecciones Presidenciales en la Republica Dominicana tendrán lugar el 20 de Mayo de 2012.