Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

Zobeyda Cepeda

A principios de esta semana tuve la oportunidad de asistir en Nueva York a la sesión del Comité de derechos Humanos de la ONU en la que el Estado dominicano presentó su quinto informe ante el organismo encargado de dar seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como activista de derechos humanos, aprecio la participación en eventos como este porque dan la oportunidad de cuestionar el ejercicio arbitrario del poder político y estatal, pues el Estado es puesto en una condición especial de interrogatorios por faltas cometidas.

En términos formales, el Comité, integrado por personas expertas independientes, reclamó la presentación tardía del informe y de las respuestas a puntos considerados como críticos, enviadas posterior al depósito del informe, depositadas el viernes antes al lunes en que debían ser examinadas, y en español, pues aunque Naciones Unidas tiene varias lenguas de trabajo el inglés es el de más dominio. Muestra de la falta de atención al evento en el que debía dar cuenta de sus obligaciones.

Como puntos clave de cuestionamientos estuvieron las ejecuciones o muertes cometidas por fuerzas del orden contra la población, llamados por la Policía Nacional como “intercambio de disparos”. Específicamente la delegación fue requerida a informar sobre el número de agentes del orden sancionados por la comisión de este tipo de hechos así como las reparaciones a las víctimas y sus familiares. El Estado además fue urgido a iniciar el funcionamiento de la defensoría del pueblo.

Otro tema fuertemente abordado por el Comité fue la desnacionalización o negación a otorgar documentos de identidad a personas de ascendencia haitianas nacidas en territorio dominicano. Realmente la delegación dominicana no tuvo argumentos cuando se le cuestionaron las justificaciones interpretativas a la ley de migrantes y de la nueva Constitución.

Tomando en cuenta que el país es parte de los siete en el mundo que penaliza el aborto en toda circunstancia y que el Congreso Nacional está conociendo la creación del nuevo Código Penal, el comité urgió al Estado despenalizar la interrupción del embarazo sobre todo en determinadas causales, a partir de las sugerencias hechas por otros organismos de Naciones Unidas como el Comité CEDAW.

El embarazo en adolescentes, la falta de educación secular, los atentados a la libertad de prensa, como la muerte de un periodista el pasado año, y las amenazas que han recibido personas comunicadoras, sobre todo aquellas que han investigado actos de corrupción, fueron también examinados.

Sobre la delegación dominicana, hay que decir que fue como siempre, numerosa; y a nuestro entender no logró responder con contundencia, claridad y especificidad los cuestionamientos hechos, salvo una excepción respecto a los temas relacionados con las mujeres. Por las demás personas, las respuestas fueron evasivas y descontextualizadas. Ejemplo fue la negación rotunda y reiterada de que en el país se discrimina a las personas haitianas y de origen haitiano; o que tampoco se discrimina a las personas Gays, Lesbianas, Sexuales o Transexuales (GLBT) sólo porque no hay una ley que condene este tipo de relaciones, muestra de una diplomacia con poca experiencia, o tal vez para la situación real del país no existen formas lingüísticas con qué maquillar. La estrategia siempre para responder fue la aprobación o no de leyes, misma lógica utilizada en el informe oficial.

Aunque las observaciones finales se darán a conocer en pocos días, la percepción ha sido de pocos avances en relación al anterior informe presentado hace más de once años.

Como sociedad civil, salvo algunos detalles evaluativos a lo interno, hay que destacar el importante trabajo de coordinación, cohesión e interés de presentar y defender un trabajo como grupo que develara de manera amplia las inequidades e injusticias a la población, sobre todo a la de menos recursos. El reto es la difusión, seguimiento y monitoreo de las recomendaciones.

Si desean ver la nota de prensa en inglés de Naciones Unidas pueden visitar este link
http://www.un.org/News/Press/docs//2012/hrct740.doc.htm

New York, 13 March 2012 – In an unprecedented turn out, Dominican civil society jointly presented its report before the United Nations Human Rights Committee at its 104th Session held in New York from March 12-13, 2012.  
 
The report, which had been initialed by 11 national human rights associations and coalitions, was greatly taken into account by the Committee during its examination of the situation in the Dominican Republic.
The Committee presented its concerns regarding the elevated number of extrajudicial executions (2,138 persons in five years), as well as the alarming retroactive application of the law in the process of denationalizing Dominicans of Haitian descent, condemning them to a «civil death». The high rate of violence against women also received special attention, with a recorded average of 190 femicides per year. The Committee also highlighted the high rate of maternal deaths, due in part to deficient medical assistance and clandestine abortions, in a country that remains one of the seven in the entire world to criminalize abortion in all circumstances.
Civil society also highlighted the conditions of exploitation of migrant workers in the farming industry and the lack of observation of due process in deportations. Discrimination against the LGBT community and against Afro-descendent persons was also widely discussed. 
 
The Human Rights Committee will issue its recommendations on Dominican Republic on the 24th of March.  They will be immediately published at the website of the Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre).   
 
The broadcast of the review of the Dominican Republic can also be seen at the CCPR Centre website. 
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The report was presented by the Pedro Francisco Bonó Center, the Movement for a Civil Registry Free of Discrimination, the Collective of Women and Health (CWH), Committee of Latin America and the Caribbean for the Rights of Women (CLADEM), Caribbean Institute for the State of Rights (ICED), Community of Hope and International Justice Foundation (FUNCEJI), Integrated Ethnic Foundation (FEI), Movement of Dominican Haitian Women (MUDHA), Socio-cultural Movement for Haitian Workers (MOSCTHA). Trans Friends Forever (TRANSSA) and the Coalition of NGOs for Infancy.
These organizations will closely monitor the implementation of the recommendations at the national level.
 
For more information contact:
Patrick Mutzenberg, pmutzenberg@ccprcentre.org