Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

Discurso Magister Cristhian Ml. Jiménez, Presidente FUNCEJI.

Agradezco a los organizadores (ASA, REVASA, Alianza GTH, Heartland Alliance, ONUSIDA y CONAVIHSIDA) quienes han tenido la amabilidad de invitarme en nombre de FUNCEJI para responder la pregunta de ¿Se hace necesaria una ley que juzgue y sancione toda forma de discriminación?.

Desde el momento en que se me invito a dar una respuesta a esta pregunta, surgieron miles de dudas, y me motive a buscar sus respuestas, consulte amigas y amigos abogados, defensores de derechos humanos y a mis estudiantes. A la vez inicie una investigación documental extensa encontrando que este tipo de leyes existen en varios países de la región y en países desarrollados.

Ahora bien, para crearse una ley debe haber un vacío jurídico o debe establecerse un estándar más alto de la protección de los derechos humanos. En el caso Dominicano la Constitución Dominicana establece el derecho a la igualdad y la no discriminación, el Código Penal tipifica la discriminación y sanciona a quienes la ejerzan, actualmente este Código está en proceso de reforma y la definición de discriminación ha sido ampliada e incluye la discriminación por orientación sexual y cualquier otra condición. Existen leyes e instituciones más específicas que protegen a las personas con VIH, al trabajador, a los niños, niñas y adolescentes, al joven, a la mujer y al discapacitado, también el país ha ratificado la Convenciones para la eliminación del racismo, discriminación contra la mujer, niñez, juventud, discapacidad y discriminación en general.

Sin embargo aun teniendo todo este marco jurídico de protección, la discriminación es una realidad del diario vivir de la Republica Dominicana.

El Estado Dominicano ha recibido por años retroalimentación de los mecanismos de protección internacional sobre medidas que deben tomarse para enfrentar la discriminación en todos los factores antes mencionados, sin embargo el Estado en cada uno de estos espacios ha negado que en el país se discrimine. He aquí la primera barrera para la mejora del estado de derecho, si nuestras autoridades no reconocen sus áreas de mejora, ¿cómo podrán implementar medidas favorables? He aquí nuestro gran reto como defensores, visibilizar el problema para exigir políticas públicas efectivas, realizar investigaciones, medir, monitorear leyes y tramitar casos ante la justicia. Espero que con la elección al defensor del pueblo esta institución impulse un trabajo coordinado de políticas públicas contra la discriminación con el apoyo de todas las instituciones del estado.

Otra gran barrera en la efectividad del marco jurídico es la necesidad de que la población conozca sus obligaciones y derechos. Sin embargo en las sociedades donde hay una gran concentración de pobreza y analfabetismo dicha condición casi nunca se alcanza. Si una persona no conoce sus derechos no puede exigirlos.

Habiendo tantos casos de discriminación, las personas no denuncian los hechos ante el ministerio público, entendiendo así el estado la inexistencia del problema y estableciéndose la impunidad. Debemos de entender que el respeto a la ley se ve reforzado si su incumplimiento claramente daña nuestro bolsillo, nuestra libertad, nuestra imagen, nuestro bienestar o integridad, y si su cumplimiento es de igual modo beneficioso por los mismos motivos.

Ahora bien, el que los ciudadanos no denuncien la discriminación por vías formales, no exime al Ministerio Publico de investigar aquellas personas o grupos que discriminen, de hecho esta inacción de las y los fiscales también promueve la desconfianza en la justicia dominicana y la impunidad, al no recibir una respuesta apropiada del sistema jurídico, se refuerza la noción perversa de que la vida de la víctimas no tienen valor alguno, lo que causa tensiones en las relaciones interpersonales y reduce nuestra capacidad de compasión y de solidaridad.

Por otro lado no podemos ignorar la desigualdad económica de nuestro país y como esto se refleja en quien discrimina y a quien la ley persigue, existe un grupo de personas, grupos empresariales, sectores sociales y familias intocables, que creen estar por encima de la ley y no conocen límites para imponer sus intereses. Y los invisibles llegan a conformarse con su situación y a no esperar nada de las autoridades, aquellos que reaccionan y se defienden son identificados como una amenaza y son tratados como enemigos. Al final del día el Estado Dominicano es negligente con los invisibles, violento con los enemigos y amigable con los intocables, donde las leyes no son más que una herramienta que solo se aplica al más débil.

Si analizamos estas barreras y observamos el marco jurídico actual que tenemos puede que nos orientemos a pensar que no es necesaria una ley que caiga en la ineficacia y el olvido de la sociedad, y que redunde en disposiciones ya adoptadas.

Sin embargo continúa la duda de porque tantos países han adoptado leyes antidiscriminación, y a favor descubrí varios puntos:

1. Primeramente estas leyes son más específicas y recogen todas las normas internacionales y nacionales ya adoptadas en un solo documento.
2. Amplían el término de discriminación.
3. Establecen sanciones y crean fondos de reparación a victimas del estado.
4. Promocionan la adopción de medidas afirmativas.
5. Estas leyes obligan a todas o se refiere específicamente a instituciones públicas con el deber de presupuestar e implementar políticas públicas contra la discriminación.
6. Estas leyes incorporan a la educación formal esfuerzos por construir una educación multicultural, de paz, tolerancia y diversidad.
7. Establecen los derechos protegidos contra la discriminación.
8. Sirven como punto de partida para la lucha.

En Junio la OEA pretende adoptar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, he podido leer el documento y significaría un avance enorme en la lucha contra este mal el que los estados de américa lo firmen y ratifiquen.

Esta nueva convención integra:

• Una decisión amplia de lo que es y no es discriminación
• Define Intolerancia
• Define el Proyecto de Vida
  • Se reconocen derechos tan importante como:
    • el derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, bares, cafés, establecimientos deportivos, centros de diversiones o espectáculos, clubes sociales abiertos al público y parques;
    • el derecho a contraer matrimonio sin discriminación por orientación sexual.
    • el derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo, a un salario igual por un trabajo igual,
    • el derecho a la libertad y la seguridad personal.
    • Los estados deben:
      • formular y aplicar una política nacional que apunte a la protección especial y a la promoción de la igualdad.
      • adoptar medidas o políticas públicas de acción afirmativa.
      • estimular la adopción, en el ámbito privado, de las medidas o políticas mencionadas.
      • recabar, compilar y divulgar datos y estadísticas sobre la situación de grupos que son víctimas.
      • promulgar leyes y adoptar programas de educación que contribuyan a la erradicación la discriminación.
      • en acciones judiciales relacionadas con alegados actos de racismo, discriminación e intolerancia, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo a los acusados probar la adopción de procedimientos y prácticas que aseguren el tratamiento igualitario.

En conclusión recomendaría:

1. Adoptar la Convención Interamericana.
2. Y hacerla parte de nuestro régimen jurídico a través del establecimiento de la ley anti discriminación que implicaría un menor esfuerzo que cambiar cada ley que impacta la convención.
3. Así como también la sociedad tiene que educarse, desafiar el poder, utilizar los instrumentos legales, exigir la acción del ministerio público, incidir en los funcionarios públicos para el impulso de políticas públicas y utilizar el derecho para visibilizar y reconocer los derechos humanos, ya que aunque nuestra justicia no escapa de presiones políticas, los jueces deben justificarse en términos legales y la necesidad de una justificación legal reduce el espacio para la discreción.

Hay que devolver al reino de la ley a los intocables. Y constituirnos en una sociedad que garantice nuestra dignidad y la consecución de nuestro proyecto de vida.