“Demandan que los/as policías tengan salarios dignos, jornadas laborales decente, sindicato, derecho al voto, que inicie un proceso de desmilitarización institucional y que la jefatura de la PN sea elegida de ternas propuestas por la cámara de diputados.”
La Alianza Pro-Seguridad Ciudadana participó en las vistas públicas convocadas por el senado sobre la reforma a la legislación de la Policía Nacional, en las mismas expuso los cambios que como movimiento social compuesto por diversas organizaciones de la sociedad civil han reflexionado, por lo que entienden deben quedar presente en la nueva ley de policía.
La Alianza entiende que la legislación debe llamar a que se elabore una norma de la Carrera de función pública de los/as policías, ya que la carencia de normas claras en este cuerpo institucional provocan una serie de problemas en cuanto al manejo administrativo de los recursos humanos.
También llaman a que en la nueva legislación deben quedar claramente establecidos los derechos civiles y políticos, así como el régimen de deberes de él y la policía, para ello, entienden como ejes fundamentales el otorgar:
a. Derechos sindicales y laborales: como el derecho a la asociación en sindicatos, derecho a trabajar en condiciones dignas, humanas y con la instrumentación para el buen desenvolvimiento de su función social, una jornada laboral que cumpla con los estándares internaciones sobre el empleo decente para los/as policías.
b. Derechos políticos: Entiende que debe desaparecer esa ambigüedad de él policía militar y concedérsele el derecho al voto (con la salvedad de que quede férreamente prohibido para este sector el proselitismo de carácter político, así como la adherencia a los partidos en calidad de miembros o simpatizantes), para que este pueda ejercer plenamente sus derechos políticos.
c. Derechos de Seguridad Social: Garantizar en la nueva legislación el acceso libre de los policías a optar por la ARS, Fondo de Pensiones y ARL que entiendan, además de que se les garantice un Seguro de Vida y el incentivo remunerado por buen desempeño de su trabajo)
Pro-Seguridad Ciudadana entiende que los/as policías merecen una remuneración digna por la función social que realizan, estableciendo que el sueldo base de él y la policía pueda como mínimo suplir las necesidades básicas que permita a la persona vivir con dignidad y progresar (estudiar, divertirse y ahorrar).
Es allí que se entiende que los/as policías y sus familias deberían ser un sector priorizado en el acceso de los programas sociales que impulse el Estado.
Debe seguirse un proceso de desmilitarización de la policía, creando un organismo con un ambiente más civil, que rompa con la cultura autoritaria.
Sobre las autoridades policiales.
La Alianza cree que debe darse un proceso más democrático que garantice una mejor elección de los jefes de la Policía Nacional, por lo cual propone que el presidente de la república se continúe eligiendo al jefe de la policía y demás altos mandos como la constitución lo establece, pero que esta elección de él/la Jefe, Subjefe e inspector de la policía nacional que haga el ejecutivo, sea de ternas enviadas por la cámara de diputados de la República.
Para ello, las ternas serán escogidas por la cámara de diputados fruto de una evaluación, de carácter público y transparente, que tome en cuenta los siguiente:
a. Cumplimiento de los/las candidatos/as de los requisitos legales para ocupar el cargo.
b. Formación académica especializada en: gestión policial, seguridad ciudadana, manejo de conflictos, derechos humanos, género y constitución.
c. Análisis de la visión policial de los/as candidatos/as.
d. Propuesta de los/as candidatos/as a su posible gestión de la institución policial.
e. Poseer una imagen integra, probada y con respaldo social.
Sobre Los Derechos Humanos
En la nueva legislación se necesita la creación de un fondo indemnización para el pago de reparaciones a ciudadanos/as que hayan sido víctimas de mala praxis policial, así como de violaciones a los DDHH por agentes de seguridad ciudadana.
También es de suma importancia que la ley ordene la educación continua y constante de todos/as los/las policías en los temas de derechos humanos, leyes y constitucionalidad, relacionamiento comunitario y resolución de conflictos.
La ley orgánica de la policía nacional debe dejar claro el derecho al debido proceso, haciendo un llamado a que las normas de los organismos correctivos y disciplinarios de esta institución, estén adaptados para cumplir los requisitos básicos que garanticen a los/as efectivos policiales protección ante posibles abusos de poder, a fin de obtener evaluaciones y juicios justos a lo interno de la institución.
Hay que plasmar en la nueva ley el Enfoque de Género y los derechos de las mujeres policías, garantizando a estas el acceso a puestos de decisión dentro de la institución, a la vez el enfoque de diversidad y la no discriminación de personas LGTB y con discapacidades físicas en la Policía Nacional.
Organizaciones firmantes: Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), Diversidad Dominicana (DD), Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3), Participación Ciudadana (PC), Trans siempre amigas (TRANSSA), La Multitud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 
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