Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

Un grupo de organizaciones que trabajan el tema de prevención de la violencia armada en el país y América Latina, y aliadas, muestran a través del presente documento su rechazo a que se derogue el decreto que prohíbe la importación de armas de fuego para uso comercial vigente en República Dominicana (RD) al entender que existe un vínculo innegable entre la disponibilidad de armas de fuego y los altos índices de violencia, en ocasión de las recientes declaraciones en este sentido del Ministro de Defensa dominicano.

Señalan que las estadísticas oficiales de muertes violentas por armas de fuego en RD, incluyendo las muertes a manos de agentes policiales, son un claro reflejo de la enorme dimensión del problema de violencia armada en el país. La Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre violencia y salud, ha establecido que cuando se sobrepasa el no. de 10 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, se está en presencia de una epidemia, manteniéndose una tasa muy por encima de 20 en los últimos años. En RD mueren en promedio 5 personas todos los días producto de la violencia, siendo el 80% por el uso de armas de fuego. Lo mismo sucede con los feminicidios. A las mujeres se las mata en mayor medida con las armas para la supuesta defensa.

Los argumentos más utilizados por el sector pro-armas son los siguientes: “no podemos desarmar a la ‘gente de bien’ para que los delincuentes hagan de las suyas”; “el problema son las armas ilegales, no las legales”, o, “tenemos que volver a permitir la importación de armas de fuego porque la prohibición lo que ha generado es mayor tráfico”, a lo que la experta en el tema, Orlidy Inoa Lazala, Directora del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, ha dicho que es un hecho incontrovertido el que la mayoría de las muertes violentas por armas de fuego responden a conflictos interpersonales (riñas, discusiones, feminicidios) o a intercambios de disparos con la Policía, y no a actos de delincuencia. Por otro lado, que precisamente el hecho de que una persona porte armas de fuego la convierte en posible víctima de robo del arma, siendo un mito el que se esté más seguro portando una, y que tanto las armas legales como las ilegales son utilizadas para cometer homicidios pues su condición de legalidad no disminuye el poder letal que tienen. Finalmente, agrega que el permitir la importación de armas de fuego para la venta no necesariamente incide en la disminución del tráfico, ya que éste está más asociado a grupos de organizaciones criminales para el mantenimiento de sus actividades ilícitas y no a la demanda de ciudadanos comunes.

Las organizaciones cuestionan el que la prohibición haya generado mayor tráfico cuando ni siquiera se cuenta con datos exactos que corroboren estas afirmaciones. Establecen que sí están de acuerdo en que una de las principales prioridades del Estado debe ser lograr la regularización de las armas en condiciones de ilegalidad, pero que las vías más factibles para ello son los programas de amnistías junto a operativos de incautación y destrucción de armas, en el marco de la ley. Las instituciones llamadas a garantizar la seguridad ciudadana, sostienen, tienen una gran responsabilidad en esto, debiendo hacer todo lo que esté a su alcance para disminuir la demanda de armas por parte de la población e identificar las vías y propósitos por los cuales se introducen armas ilegales en el país con miras a lograr una persecución estratégica y posteriores sanciones. La efectiva persecución es el mejor elemento disuasorio.

El Estado no puede jamás promover una mayor disponibilidad de armas en una sociedad ya profundamente afectada por el flagelo, cuando lo que procede es implementar políticas que desincentiven el uso generando un clima de mayor seguridad, regularicen las que se encuentren en condiciones de ilegalidad y promuevan el desarme voluntario de la población, pues una sociedad con menos armas es en definitiva una sociedad más pacífica. Mucho más cuando no se cuenta con un marco legal oportuno que garantice importaciones de armas no riesgosas, constituyendo una prioridad la aprobación del proyecto de ley de control de armas y municiones que actualmente cursa en el Congreso dominicano, concluyen. Recuerdan, finalmente, que RD fue de los primeros países en ratificar el Tratado Mundial de Comercio de Armas, comprometiéndose a controlar y regular, en base a los estándares internacionales, todo lo concerniente al mismo.

Organizaciones firmantes: ICED, FUNDACION ARIAS, AMNISTIA INTERNACIONAL, LUCHA X TUS DERECHOS, FUNCEJI, CEJIP, CLAVE, CLADEM, IEPADES, FORO FEMINISTA, UDEMU, IELSUR, RAP, CIPAF Y EDUCACION ESPEJO.