Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

El pasado sábado, 20 de junio, tuvo lugar la primera consulta nacional para la validación del borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interinstitucional de DDHH del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Este encuentro nacional se enmarca en el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que, previamente fue discutido en cinco rondas regionales (Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana, Barahona y San Cristóbal), donde las organizaciones de la sociedad civil (con la injustificable exclusión del colectivo GLBTI, sobre la que volveremos más adelante), ya tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones, aportar recomendaciones y hacer observaciones a la redacción de este Plan.

En la primera ronda de consulta FUNCEJI junto a un grupo de ONG’s en Derechos Humanos presento un documento con preocupaciones y propuestas sobre la metodología del Plan Nacional de Derechos Humanos (link documento) y presento también propuestas en la mesa de niñez y derechos civiles y políticos.

En la reunión de validación del sábado, participaron algunas de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil dominicana, además de un representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además de múltiples autoridades y representantes de los poderes públicos dominicanos.

El Canciller de la República Dominicana, Arq. Andrés Navarro, fue el encargado de abrir y cerrar el encuentro con sendos discursos que enfatizaban en la voluntad del gobierno de llevar a cabo una gestión pública que fuera capaz de implementar y dar seguimiento a estas líneas de acción, destacando el importante rol de la sociedad civil que sería la encargada de llevar a cabo la veeduría que supervise la implementación del Plan y denuncie las fallas en la gestión administrativa de puesta en práctica del mismo.

Este Plan “no es ni mejor ni peor que los planes de Derechos Humanos de otros países” en palabras de unos de los asesores del Sistema de Naciones Unidas, presente en el encuentro, y que ha tenido la oportunidad de estudiar los planes similares que se han aprobado en otras naciones de nuestro entorno.

En opinión de FUNCEJI, estamos ante un paso importante. Un avance: la recopilación en un único documento de las líneas concretas de actuación de los poderes públicos dominicanos, en su ineludible tarea de protección de los Derechos Humanos, recogidos tanto en la normativa nacional dominicana, incluida la Constitución de 2010, como en la legislación internacional. Un único documento rector que establezca los lineamientos y la hoja de ruta de las instituciones públicas, en su interacción con los ciudadanos.

Con este Plan, el gobierno dominicano manifiesta su voluntad de destacarse, al menos, en aras de su imagen al exterior (no olvidemos que este Plan ha sido puesto en marcha por el Ministerio de Relaciones Exteriores), por su papel de defensor de los Derechos Humanos, subrayándose, según el Canciller dominicano, la necesidad de asegurar unos mecanismos adecuados de gestión administrativa que hagan posible la efectiva implementación del Plan.

Es esta precisamente una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil, y también, de FUNCEJI, y a su vez, una de las grandes debilidades del país, colmado de buenas leyes que nunca se aplican o que se infringen sin consecuencia legal alguna, aun habiendo sido aprobadas con la mejor de las voluntades políticas.

Es importante evitar que esto suceda con este PNDH, que, no formando parte del cuerpo legislativo, presenta de inicio la debilidad de que su obligatoriedad en principio no podría garantizarse jurídicamente de ninguna forma. De ahí, la importancia del seguimiento y veeduría que la sociedad civil debe hacer del documento, proponiendo, en opinión de FUNCEJI, la articulación de mecanismos de sanción a los poderes públicos que no pongan en práctica las acciones que el Plan les encomienda y a las que se comprometen formalmente con su aprobación.

La realidad de este país se caracteriza por la falta de protección efectiva de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, a pesar de los instrumentos internacionales existentes, ratificados por la República Dominicana, con unos poderes públicos que todavía trabajan al margen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus mecanismos de protección de Derechos (como ejemplos, podemos destacar, entre otros, la situación de penalización del aborto, los casos de deportaciones de extranjeros sin las garantías del debido proceso, o el rechazo de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional dominicano), y una población, pobre en un 40%, aún desconocedora de sus propios derechos y de cómo hacerlos valer.

El propio Plan prevé como objetivo estratégico el de “concientizar y promover una cultura en Derechos Humanos” en cada una de las materias que aborda (mujeres, menores, personas con discapacidad, etc…). Entendemos que esta labor de educación y concienciación debe llegar a todos: sociedad civil (especialmente, los grupos más vulnerables) y poderes públicos, por cuanto es el motor fundamental del cambio de mentalidad que el país necesita para interiorizar y normalizar la cultura de Derechos Humanos al que el Plan se refiere y por la que las organizaciones de la sociedad civil presentes en el encuentro luchan día a día.

FUNCEJI tiene entre sus misiones principales la de promover los derechos fundamentales a través de la educación, en el entendido de que sólo así se llegará a una mayor protección de los Derechos de los ciudadanos, porque la propia sociedad empoderada exigirá su respeto a los poderes públicos, siendo fundamental que éstos también estén incluidos como población meta de la línea de acción de promoción de educación en Derechos Humanos.

En esta jornada de revisión del borrador, FUCEJI tuvo la oportunidad de formar parte de las mesas de trabajo “Discriminación” y de “Protección de Derechos Civiles y Políticos”, aportando recomendaciones al Plan que fueron presentadas por escrito y acogidas por los relatores de la consulta. (RECOMENDACIONES RONDA VALIDACION PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS REPUBLICA DOMINICANA, JUNIO DE 2015)

Es importante destacar en este punto la posición de FUNCEJI frente a la indebida e injustificada exclusión del colectivo GLBTI, del borrador del Plan, sobre el que éste no hace absolutamente ninguna mención. En este asunto hacemos manifiesta nuestra crítica al gobierno dominicano por mantenerse en su tradicional posición homofóbica y perpetuar la invisibilización de este colectivo.

E insistimos que esto es injustificable y aplaudimos, por otro lado, la valiente acción llevada a cabo por el representante de este colectivo consistente en manifestar públicamente y personalemente frente al Canciller, en el encuentro del sábado, su malestar por la no inclusión en el Plan y sus preocupaciones al respecto.

En cuanto a los debates de la mesa de trabajo de “Protección de Derechos Civiles y Políticos”, FUNCEJI señaló, en primer lugar, que toda esta materia debía ser revisada, ya que se da la repetición de líneas de acción, y algunas se entremezclan de forma desordenada. Entendemos que podría ordenarse estos temas en sub-categorías, para facilitar el entendimiento del documento.

Además, en la línea de la importancia de la educación en Derechos Humanos, nuestra organización aportó la idea de incluir en el curriculum de todas las instituciones educativas, públicas y privadas, incluido el nivel universitario, como materia obligatoria y evaluable, incluso en las Pruebas Nacionales, la materia de Derechos Humanos. Las instituciones responsables en esta línea de acción serían fundamentalmente las educativas (MINERD, MESYC, INFOTEP, demás Universidades Públicas y Privadas).

Asimismo, los poderes públicos, deben también incluirse en estas acciones educativas a través de la posesión de manuales de procedimiento que expliquen cómo actuar respetando los derechos humanos, especialmente, en los servicios de atención pública a los grupos vulnerables.

FUNCEJI destacó también la importancia de luchar, a través de sanciones, contra las políticas de empresa consistentes en publicar ofertas de empleo donde uno de los requisitos sea tener un determinado género, limitando la posibilidad de acceso al puesto de trabajo ofertado sólo a las personas que sean del género especificado. Esta práctica habitual de no pocas empresas fomenta la discriminación por razón de género y no hace sino perpetuar la clasificación de los trabajos según sean “para hombres o para mujeres”, idea superada en la mayoría de los países avanzados y modernos por la demostrada capacidad de las personas de realizar cualquier tipo de trabajo, con independencia del género que posean.

En este punto, la vigilancia de los poderes públicos, así como la imposición de sanciones económicas, se hace fundamental para evitar la continuación de estas prácticas por parte de las empresas privadas.

En esta mesa de trabajo y con ocasión del debate sobre la creación mediante una ley de una Comisión de la Verdad, incluida en el borrador, FUNCEJI tuvo la oportunidad de prestar públicamente su apoyo a la Federación de Fundaciones Patrióticas, precursora de la creación de esta Comisión, que aboga por el esclarecimiento de los casos de desapariciones y asesinatos ocurridos entre los años 1930 y 1962, en base al derecho inalienable de todos los pueblos a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron violaciones, desapariciones, fallecimientos, etc… (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, E/CN,.4/2005/102/Add.1; AG/RES. 2267 de las Naciones Unidas).

En relación con el ámbito procesal penal, FUNCEJI manifestó su recomendación sobre la importancia de la racionalización de la práctica de la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, para evitar el abuso de esta figura procesal que conlleva la privación de libertad, optando por la adopción de otras medidas previstas por la ley.

En esta línea de protección de los derechos de los personas privadas de libertad, FUNCEJI se manifestó a favor de la prevención de la tortura, las detenciones arbitrarias y el respeto al debido proceso, junto con otras organizaciones presentes en la mesa, que trabajan directamente con los reos para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.

Nuestra organización, en consonancia con la Federación de Fundaciones Patrióticas, manifestó la importancia de prever un plan de desarme de la población civil, para su incorporación a un futuro Plan 2020-2025.

En relación con la línea de acción relativa a sancionar el uso desmedido de la información personal, FUNCEJI, con el apoyo del resto de la mesa, consideró importante la aprobación de una ley de protección de datos de carácter personal.

En rondas anteriores, FUNCEJI tuvo la ocasión de solicitar que se incluyera la recomendación de establecer la tipificación y diligencia de crímenes de odio. En esta ocasión, de nuevo FUNCEJI expresó la importancia, en su opinión, de fortalecer el marco normativo nacional con la modificación del Código Penal para la introducción de la tipificación de los delitos de odio (cualquier tipo de delito cuyo móvil sea la discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición socio-económica, nacimiento o cualquier otra condición). Asimismo, fortalecer las instituciones con la creación de una Comisión de delitos de odio, que actúe como observatorio de este tipo de delitos, impulsor de la reforma penal e institución centralizadora de las denuncias y ayuda a las víctimas. Esta comisión deberá estar integrada por representantes de los poderes públicos, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales que puedan dar cuenta de sus labores. Si este tipo de delitos llegara a tener, en opinión de los expertos, la entidad y el volumen suficiente, se procedería a la creación de los juzgados de delitos de odio, con el fin de agilizar los procesos penales y destinar en estos juzgados funcionarios especializados en Derechos Humanos y en el tratamiento y persecución de este tipo de delitos.

Todas estas recomendaciones y sugerencias fueron aportadas por escrito a los relatores de las mesas de trabajo en las que participó FUNCEJI y posteriormente, junto con las aportaciones de las otras mesas, entregadas a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de la redacción del borrador.

Cabe esperar la revisión del documento, y quizás nuevas rondas de consultas, en base a las aportaciones hechas el sábado 20 de junio, por las organizaciones presentes en el encuentro, de manera que aquéllas queden reflejadas en el Plan definitivo, junto con la inclusión de las recomendaciones hechas por el colectivo GLBTI, hasta ahora, insistimos, injustamente marginado.

Como conclusión, cabe destacar la importancia del paso dado por el gobierno dominicano para elaborar este documento que, por lo expuesto, recoge el sentir, las preocupaciones y las denuncias de los representantes de los grupos más vulnerables de la sociedad dominicana.

Nos motiva pensar en un verdadero compromiso de los poderes públicos con esta iniciativa y esperar la rectificación de su hasta ahora incoherente y errática política de manifestaciones teóricas de respeto a los Derechos Humanos, por un lado, y prácticas ilegales, a veces, encubiertas, de violaciones de los mismos, por otro (caso de la desnacionalización de ciudadanos dominicanos, deportaciones contrarias a derecho de migrantes haitianos o ciudadanos dominicanos desnacionalizados, sin el debido proceso y con las leyes aún vigentes a los que podrían acogerse, rechazo de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e inobservancia de la última de sus decisiones respecto de la legislación del país, etc…).

Y reiteramos la necesidad que como sociedad civil nos dispongamos a ser protagonistas de este proceso y la obligación cívica que todos y todas tenemos de darle el oportuno seguimiento, por el alto riesgo de que se repita la mala costumbre política y social de permitir que los documentos políticos de este tipo se conviertan en papel mojado o letra muerta.