Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

INTERVENCION EN EL IV SEMINARIO SOBRE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS: GRADO DE APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCION DE NNUU Y EL PROYECTO DE UN TRATADO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE ARMAS

Por: Cristhian Ml. Jiménez
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional

Situación de la Proliferación de Armas Pequeñas y Ligeras en la República Dominicana

La situación de la proliferación de armas pequeñas en la República Dominicana es un problema que en la mayoría de los casos se asocia al tráfico de drogas, la violencia urbana, el crimen organizado, la falta de un instrumento legal acorde a la realidad social actual, la inestabilidad política de nuestro país vecino, la frágil defensa de nuestras fronteras y la incapacidad del gobierno dominicano de proveer de seguridad ciudadana. Es particularmente esto último, lo que genera la idea errónea en la población de que armándose pueden sentirse más seguros y tomar la justicia en sus propias manos, siendo esta condición un indicador del descrédito del Poder Judicial dominicano en las últimas décadas.

De acuerdo a la investigación de la FLACSO “Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica”, en su capítulo VII el investigador Daniel Pou nos expone la situación del tema a nivel nacional y expresa que hablar de armas de fuego ilegales en la República Dominicana es referirse a todas aquellas armas de fuego que no forman parte del parque bélico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentran en manos de civiles sin las licencias correspondientes tal cual ordena la ley 36.

Posiblemente estaremos hablando de gran parte de las armas que circulan en las calles de la nación, quizás de la mayoría. Esta afirmación tiene su razón de ser por diversos motivos como:

• Miles de armas pertenecientes al desintegrado Ejército haitiano, posiblemente han sido introducidas a través de la frontera;

• En los últimos procesos electorales se ha visto el nivel de violencia con armas cortas y ligeras que ejercen los militantes de los partidos políticos. Las mismas provienen de arsenales financiados por dirigentes locales y terminan en manos indeterminadas, ya que las mismas no están amparadas por las licencias correspondientes;

• El cuerpo policial dominicano no tiene hábitos de solicitar el permiso correspondiente a los civiles que ostentan y exhiben armas cortas en los lugares públicos, salvo cuando coyunturalmente se producen órdenes expresas de la alta jerarquía policial

Algunas fuentes confiables, entre las que cuentan ex Secretarios de Interior y Policía y oficiales activos de la Policía Nacional nos han asegurado que el número de armas ilegales supera en cerca de un cien por ciento a las armas legales y debidamente registradas.

Hay que decir, de forma lamentable, que las informaciones disponibles sobre violencia con armas de fuego, no segregan esta información que consideramos de mucha importancia para poder efectuar las proyecciones necesarias. De todas maneras, el mercado de las armas ilegales siempre estará cubierto por un manto gris que difícilmente pueda arrojar cifras confiables.

La legislación que actualmente “regula” éste tópico, es la Ley No. 36 del 18 de octubre del año 1965 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, sin embargo ha venido a convertirse en un instrumento obsoleto, debido a que no responde a los problemas actuales ni tampoco contempla las nuevas modalidades en que funciona la delincuencia, organizada o no.. En una intervención del señor Anibal Sánchez,  Ex Subsecretario de Estado de Interior y Policía ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio  Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, celebrada en la ciudad de Nueva York el día 11 de julio de 2001, se prometió de parte del Estado dominicano someter ante el Congreso Nacional un proyecto que modificara la Ley 36, estableciendo sanciones más severas a lo relativo al comercio ilegal de armas, al mismo tiempo que actualizaría ésta pieza para que en el marco de la misma buscara soluciones a las actuales formas del delito. Desde el invierno de 2005 dicho proyecto y otros descansan en la Cámara de Diputados, notándose la apatía, el nulo interés de los legisladores y la poca voluntad política de los gobiernos de turno, para lograr su aprobación.

Particularmente, aprovechamos la presencia del representante del Gobierno dominicano para saludar la iniciativa del Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, acerca de la Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Mundial que a través de 7 mesas de trabajo, ha brindado la oportunidad a todos los sectores de la sociedad, de aportar soluciones ante la difícil situación actual y por venir. Indudablemente, esto claramente refleja su disposición para escuchar críticas a la gestión que encabeza y sus cualidades de gran concertador. Pero el real reto de esta cumbre será aterrizar las propuestas y no dejar todo este esfuerzo en un saco de promesas.

A los fines de ilustrar lo que señalábamos anteriormente, respecto a las situaciones de violencia del país, es importante destacar que la mayoría de los homicidios no se deben a hechos delincuenciales propiamente dichos, sino a la violencia urbana (particularmente a riñas, feminicidios, homicidios pasionales, entre otros). Presentando estos datos en porcentajes, veremos que el 32% de los homicidios son tipificados dentro de lo que corresponde a delincuencia en contraste al 68% que representa la violencia urbana.

Si tomamos en cuenta lo anterior como parámetro y le sumamos los 1,807 homicidios por armas en el 2008 (320 más que los ocasionados en el 2007) y partimos del hecho de que la tasa de homicidios es un buen indicador del grado de violencia de un país, podemos concluir que la República Dominicana es un país muy violento.

Esta proliferación se debe también al número anual de licencias otorgadas por las autoridades. La Dra. Mayra Brea señala en su artículo “Aumenta la violencia en la República Dominicana”, en el periodo de Septiembre de 2003 a junio de 2005 se otorgaron 178 mil autorizaciones de porte y tenencia de armas y solo en el 2007 se otorgaron (de acuerdo al Informe Nacional sobre la Implementación del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos) 216 mil armas. En declaraciones del Secretario de Estado de Interior y Policía en el 2006 la población civil armada superaba en número a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

A esto se suma según la Investigadora del Instituto de Estado de Derecho (ICED), la Licda. Orlidy Inoa expresa que la Ley. No. 36 obliga al que solicita un arma a realizarse un examen psicológico para determinar si la persona es apta o no para portar un arma. Resulta desconcertante que fuera en el año 2003 cuando se creara la Comisión Médica de la Secretaria de Estado de Interior y Policía, entidad que desde ese momento quedó encargada de la realización de dicho examen. A la luz de lo anterior, puede verse como transcurrieron 38 años para que ese relevante mandato de la ley, pudiera cumplirse; en otras palabras, hasta el año 2003, aquellas personas que optaron por un arma no fueron debidamente evaluadas. ¿Podemos imaginar las consecuencias que esto ha tenido?.

Por otro lado en el 2006 la importación de armas había aumentado a un 29%, la compra legal de armas de fuego en el extranjero de un promedio mensual de 1,573 en 2004 paso a 2,037. Entre los países latinoamericanos desde donde se importaban estas armas, se pueden mencionar a Argentina que exporto a República Dominicana en el 2006 un total de 2,603 armas y a Brasil que exporto 1,647. Esto conllevó a que el Presidente de la República ordenara mediante el Decreto 309-06 la regulación de la importación de armas de fuego; junto a esta medida, el gobierno inició un inventario de las armas que legalmente se encontraban en manos de civiles, realizando operativos a nivel nacional y confiscando aquellas que inclumplían las ordenanzas dispuestas, a la vez que en el mes de diciembre de 2008 el Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Franklyn Almeyda prohibió mediante una resolución el porte de armas en el periodo navideño, medida que causó rechazo generalizado de la opinión pública y suceso al cual me voy a referir en mi próxima intervención.

También deseo referirme a la participación del Gobierno dominicano en el Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. Resulta innecesario señalar que el mecanismo clave de monitoreo del programa es la producción de reportes nacionales anuales, que son sometidos al Departamento de Asuntos de Desarme (DAD) de las Naciones Unidas y que son conocidos en las Conferencias Bienales de Reporte. De 2001 a 2007 la República Dominicana no presento ningún reporte viéndose así la falta de compromiso con el programa, no siendo hasta el año 2008 que se presenta este reporte haciendo una recolección de todas las actividades de los últimos 8 años, gracias a la responsable y tenaz administración del Secretario de Estado y del señor Intendente General de Armas de esa cartera de Estado, que hoy nos acompaña.

Es importante resaltar que el informe presenta en su página 8, una tabla que indica el número de armas incautadas por las autoridades entre 2004 y 2007 presentando una cifra de 5,919 armas y más adelante se menciona que se preveía para finales del 2008 la destrucción de 1,236; mismas que no han sido destruidas y esperamos que se haga en el transcurso de este año.

Uno de los logros a resaltar por el actual Gobierno dominicano es la ratificación de las convenciones y protocolos de mayor relevancia en materia de armas pequeñas y ligeras, aprobados en septiembre del año pasado. Esperamos sinceramente, que estos instrumentos sean íntegramente aplicados y que en una próxima participación en este seminario podamos presentar logros en cuanto a su implementación en nuestro país. Entendemos como sociedad civil que el Estado tiene el importante reto de garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad de los poderes que lo conforman (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como también el manejo de la corrupción en los cuerpos policiales, castrenses y políticos. “Debemos cambiar esta cultura donde la ley del que más tiene o el que más amigos políticos tiene este por encima de la ley real, no podemos seguir dejando pasar las cosas por alto y no hacer nada, las leyes son para cumplirse”.

En cuanto a los aportes de la SOC dominicana en la materia, podemos observar que el tema del tráfico de armas ilícitas no es muy debatido por la SOC en la actualidad.

Los aportes de la SOC se han limitado a estudiar tímidamente la materia, hemos hecho esfuerzos por incentivar a través de la educación, una transformación de valores hacia una Cultura de Paz; es en esta área donde como SOC hemos hecho nuestro mayor aporte, promoviendo el desarme y creando conciencia en los y las jóvenes y niños y niñas al respecto. Entre las iniciativas llevadas a cabo podemos mencionar la Campaña Juguemos a la Paz. Regala juguetes de Vida, llevada a cabo por la Comisión Interinstitucional de Educación para la Paz (CIEPAZ), el Programa Nacional de Prevención y Reducción de la Violencia Armada propuesto por el Instituto Caribeño del Estado del Derecho (ICED), las Guías de Aprendizaje sobre Desarrollo Humano elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y utilizada por diferentes ONG’s como la FUNCEJI para realizar capacitaciones a jóvenes y docentes, además del trabajo llevado a cabo por asociaciones religiosas quienes llevan a cabo actividades comunitarias.

Dada la apertura del gobierno de turno para recibir la colaboración de la SOC, proponemos sintéticamente desde diferentes organizaciones lo siguiente:

• Institucionalizar la capacitación en manejo pacífico de conflictos en las escuelas y la creación de centros de mediación de conflictos escolares. Ofrecer esta capacitación a otros agentes educativos de iglesias, organizaciones comunitarias, empresas, etc.
  
• Regular la venta de juguetes y videojuegos promotores de violencia así como la presencia de modelos de violencia en los medios de comunicación social.

• Hacer una campaña efectiva de disminución de armas de fuego en manos de la población, incluyendo porte de armas por policías y militares fuera de servicio.
  
• Continuar la reforma de la justicia aumentando la accesibilidad de los sectores de escazos recursos, disminuyendo así la alta tasa de impunidad existente.
  
• Fortalecer la acción contra la corrupción administrativa independizándola de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

• Continuar con el proceso de reforma efectiva y radical de la Policía Nacional.

• Convertir el programa “Barrio Seguro” en una institución de carácter mixto entre el Estado y la Sociedad Civil en colaboración de ONG’s, Iglesias, Centros Educativos, Organizaciones Comunitarias y Empresariado local, más orientado a la prevención que a la represión.

• Elaborar un proyecto de ley que restrinja drásticamente el fácil acceso a las armas de fuego y que sancione su porte ilegal.

• Aumentar la sensibilidad hacia la violencia armada.

• Proporcionar formación a funcionarios competentes en materia de prevención y regulación de la violencia armada.

• Involucrar a otros organismos estatales en el trabajo de prevención y reducción de la violencia armada.

• Impulsar políticas encaminadas a mejorar el control fronterizo. Asimismo, involucrar a Haití en el proceso de creación de una Ley común en materia de armas de fuego.

• Elaborar un plan nacional de educación para los derechos humanos, la paz y el desarrollo, a ser llevado a cabo por la SEIP y la SOC.
• Tenemos que pensar en trabajar el campo de la motivación espiritual, de dar sentidos nuevos de vida, de inspirar una espiritualidad que nazca de una identidad aceptada, de la estimada de sí mismo, en la que nos encontremos con Dios y con los demás, en un proceso de aprendizaje de comportamientos para la paz, y de construcción de una institucionalidad pública que favorezca la convivencia pacífica.

Por último entendemos que un Tratado Internacional sobre Tráfico de Armas Ilegales es necesario y siempre será bien visto el avance de la codificación del derecho internacional en temas con alto impacto social como este. Es urgente para nuestro país que gobiernos como los de Turquía, Estados Unidos, Alemania, Italia, Argentina, Brasil, Rusia, Francia, Chile, Bulgaria, Corea, Hungría, Austria, México, Suiza y Otros cooperen para controlar y limitar las transferencias de armas y la proliferación de su producción. Como mínimo, los países exportadores no deben suministrar armas donde existan riesgos de violación de derechos humanos, conflictos armados, que estén sometidos a un embargo internacional así como también tengan un bajo nivel de control.

FUENTES

Instituto del Estado del Derecho (ICED)
Centro Juan Montalvo
FLACSO Republica Dominicana
Dra. Mayra Brea
CLAVE DIGITAL
DIARIO LIBRE